Una pareja alicantina se ha visto recompensada esta semana con el cobro de una indemnización de 500 euros, tras un año de pleitos con la compañía irlandesa Ryanair, que se negaba a abonarles los gastos derivados de la cancelación de un vuelo Milán-Alicante el 18 de abril de 2010. Los jóvenes pasaron a formar parte ese día de los miles de damnificados europeos que se quedaron en tierra debido a los efectos de la ceniza que invadió el cielo de Europa tras la erupción de un volcán irlandés de nombre impronunciable.

Habían volado al aeropuerto de Bérgamo (Ryanair comercializa el vuelo desde Alicante como si de un vuelo con Milán se tratase) tres días antes para pasar el fin de semana y regresaban para incorporarse al trabajo el lunes. Ryanair canceló el vuelo y los dejó en tierra sin ninguna opción. Comenzó entonces un regreso accidentado que les llevó a pernoctar en un hotel, coger un autobús a Barcelona, y de ahí terminar el viaje hasta Alicante en el "Euromed".

Una vez en casa la pareja trató de contactar con Ryanair a través de un número de fax de Dublín, capital de Irlanda, en el que tramitaron su queja. La respuesta fue que, como mucho, la aerolínea les reintegraba los alrededor de 80 euros que habían pagado por el billete. Una cantidad que no cubría, ni de cerca, los gastos que tuvieron que afrontar para regresar desde Bérgamo. Fue entonces recurrieron al despacho del abogado alicantino Pablo Ferrando. "El tema acabó en una demanda en el Juzgado Mercantil de Alicante pero afortunadamente al final no se celebró ni el juicio porque Ryanair aceptó pagar los 500 euros que les habíamos reclamado", explicó ayer Ferrando.

Crisis de los controladores

Por otro lado, cerca de un millar de pasajeros alicantinos afectados por la crisis aérea provocada en España los pasados 3 y 4 de diciembre de 2010, a consecuencia del plante de los controladores, esperan sentencia tras presentar una demanda colectiva contra Aeropuertos Nacionales y Navegación Aérea (Aena). Los viajeros damnificados reclaman unos 100 millones de euros en concepto de indemnización por los daños morales provocados al no poder volar. Forman parte de un grupo de 960 afectados que cuya reclamación está en manos de Cremades&Calvo-Sotelo que coordina las acciones. Piden 10.000 euros por caso.