La titular de un juzgado de Instrucción de Alicante investiga unas supuestas amenazas vertidas a través de Facebook contra el edil del grupo municipal socialista, Pablo Rosser, a través de las cuales se lanzaron mensajes de tono denunciable que llevaron al concejal a poner el contenido en conocimiento de la Guardia Civil. Agentes de la Policía Judicial han solicitado a la magistrada un permiso para poder acceder a la dirección IP del ordenador desde el cual se lanzaron los mensajes objeto de la denuncia y efectuar los primeros rastreos en la red.

Según ha podido saber este diario, el juzgado ha abierto diligencias por este asunto después de que el concejal denunciara, el pasado 19 de agosto, las amenazas recibidas en un puesto de la Guardia Civil, como así consta en su perfil de Facebook. En esa fecha, el edil ya se interesó en su "Muro" por conocer los mecanismos con los que podría contar para presentar una denuncia por amenazas. Ese día Pablo Rosser recibió varios comentarios aconsejándole sobre las posibilidades que tenía para denunciar, no solo a través del propio portal, sino también ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Tal y como ayer se podía leer en su Facebook, Rosser, ese mismo día, decía a los contactos que le respondieron con consejos que finalmente había denunciado en la Guardia Civil. Según se podía leer en los comentarios del edil escritos el pasado 19 de agosto, los mensajes emitidos eran amenazas "muy desagradables".

Esta es la única referencia que hay sobre estos hechos en el perfil del concejal, que también resaltaba en los comentarios que las amenazas le habían llegado por email. Todo indica que las supuestas amenazas fueron enviadas al apartado de mensajes directos que Facebook incorpora en el perfil de cada usuario, es decir, aquél que solamente puede leer el propietario de ese perfil.

Este diario se puso ayer en contacto con el concejal, quien corroboró la denuncia y manifestó, tajantemente, que no iba a decir nada al respecto al estar la causa bajo secreto de sumario.

Hace dos semanas, agentes de la Brigada de Delincuencia Económica -unidad que se encargará de efectuar el rastreo de la IP- registraron la denuncia en los juzgados de Alicante.