Las acusadas de no ayudar a un hombre que sufrió un infarto en una casa de citas de Alicante aseguraron ayer en el juicio que se encontraban en otra habitación de la vivienda y que no se enteraron de nada de lo que ocurrió. El juicio con jurado popular comenzó ayer en la Audiencia con sólo dos de las acusadas en el banquillo, ya que la tercera ha sido declarada en rebeldía y es probable que ni siquiera se encuentre en España.
El fiscal pide para ellas una multa de 3.600 euros para cada una por un delito de omisión del deber de socorro. La acusación particular pide además 60.000 euros de indemnización para el hijo del fallecido. Los hechos ocurrieron el 18 de octubre de 2009 en una casa de citas de Alicante. Las acusaciones sostienen que las procesadas no ayudaron a la víctima pese a tener síntomas evidentes de sufrir un ataque al corazón y que lo bajaron al portal, donde murió. Otro cliente fue el que llamó a la ambulancia.
Las dos acusadas dijeron ayer que no eran prostitutas y que habían venido de Barcelona a pasar unas vacaciones a Alicante, a la casa de la tercera implicada en los hechos. Según dijeron, ni sabían que allí se practicaba la prostitución, ni se enteraron de lo ocurrido. Una se encontraba durmiendo y la otra viendo la televisión y no se percataron de nada hasta que llegó la Policía. En ese momento, la tercera mujer trató de huir saltando por la terraza a la casa del vecino. Sólo una de ellas admitió haber visto fugazmente a un hombre apoyándose en el hombro de otro en el pasillo en un momento que salió al baño.
La viuda del fallecido expresó ayer su indignación porque "mi marido era una persona que se volcaba en ayudar a los demás y muy activa en actividades sociales y le dejaron morir como a un perro", por lo que pidió que se haga justicia y que las acusadas paguen por el delito que cometieron.
PROPUESTA
El fiscal jefe pide que los jurados populares dejen de juzgar estos delitos
El fiscal jefe de Alicante, Juan Carlos López Coig, propuso en su memoria anual de hace dos años que los juicios de omisión de deber de jurado dejen de ser juzgados por jurados populares. La propuesta se basa en los desproporcionados despliegues de medios humanos que se han de poner en marcha para sacar adelante estos procesos, en los que la única pena que hay en juego es el pago de una multa. Según su petición, estos delitos se enjuiciarían por juzgados de lo Penal a través de los llamados juicios rápidos. La idea ha sido atendida por el Ejecutivo que tiene en marcha dos reformas en marcha en materia de Justicia en la que se contemplaría una revisión de los delitos que deben juzgar los jurados populares. La duda es si hay cambio de Gobierno tras las elecciones del 20-N si estas reformas van a salir adelante o se empezarán desde cero por parte del nuevo Ejecutivo. J. A. M.
