Los acusados de hacerse pasar por pilotos de la aerolínea de bajo coste Ryanair para aprovechar la menor rigidez de los controles aeroportuarios para introducir cocaína en España desde Venezuela han negado ser traficantes de estupefacientes.

Según fuentes judiciales, así lo han asegurado sus abogados durante la primera sesión del juicio, que se celebra en la sección segunda de la Audiencia de Alicante y en la que los ocho procesados únicamente han contestado a sus letrados y se han acogido a su derecho a no responder a las preguntas de la fiscalía.

El ministerio público pide penas de entre 9 y 1 año de prisión para cada uno de los acusados por una investigación desarrollada durante 2009, que permitió la incautación de unos 13 kilogramos de cocaína y cerca de 2,5 de hachís en el garaje de uno de los acusados.

Aunque las defensas han pedido la suspensión de la vista oral defendiendo la posible nulidad de las escuchas policiales que dieron pie a la investigación, la sala ha rechazado esta posibilidad y ha indicado que esta cuestión será aclarada en la sentencia.

Según la calificación del fiscal, desde principios de 2009 se investigó a José Antonio H.P. y Sergio Blas H.Z., al sospechar que el primero introducía la droga en su equipaje personal aprovechando su condición de asistente de vuelo, que no piloto, aunque usaba esta última indumentaria de la compañía Ryanair para pasar más fácilmente por la aduana.

El ministerio público considera probado que el segundo almacenaba y distribuía la droga, que llegaba a España desde el aeropuerto de Caracas.

El resto de procesados ayudaban en las labores de introducción de la cocaína o a su posterior distribución, como José Miguel T.G., que también se vestía con uniforme de piloto proporcionado por José Antonio H.P. y que, en al menos dos ocasiones, portaba la maleta que llevaba cantidades indeterminadas de la citada droga.

Según el fiscal, la cocaína incautada habría alcanzado un valor en el mercado de unos 440.000 euros.