El president de la Generalitat, Alberto Farba, se ha comprometido con la oposición a "poner sobre la mesa" todos los expedientes que quieran ser "investigados o consultados", ya que no hay "nada que ocultar", pero ha precisado que se tendrá en cuenta lo que marca la ley y se dará "lo que se pueda dar".

Fabra ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa tras reunirse con los portavoces de los cuatro grupos de Les Corts Valencianes, a los que ha planteado un decálogo para buscar el consenso en asuntos como la ordenación del territorio, los residuos, la educación o Radiotelevisión Valenciana (RTVV).

El president ha anunciado además que este mes se aprobará una reorganización del sector público autonómico, que permitirá reducir en un 20% -alrededor de 400 millones de euros- los actuales costes de funcionamiento, y en la que no se incluye el ente RTVV.

Fabra se ha mostrado dispuesto asimismo a estudiar la petición de Esquerra Unida de que no haya ningún alto cargo que cobre más que el president de la Generalitat, y a la pregunta de si en aras del consenso quedaría aparcado el decreto sobre el trilingüismo en el sistema educativo valenciano ha afirmado: "todo es revisable".

Sobre los expedientes, se ha comprometido a mostrarlos para dar una imagen de "transparencia y accesibilidad", aunque ha alertado de que hay limitaciones jurídicas y ha pedido responsabilidad a quienes accedan a ellos, porque "está en juego la credibilidad de la institución".

Preguntado sobre si la Generalitat estudia retirar el recurso a la sentencia del TSJCV que obliga a mostrar los contratos con la trama Gürtel, ha dicho que él no entra "en cuestiones jurídicas", y ha asegurado que la oposición todavía no ha concretado qué temas quiere revisar y que en los próximos días la vicepresidenta del Consell hablará con ellos para precisarlos.

El president ha pedido el apoyo de los grupos para exigir al Gobierno central la deuda histórica de 7.300 millones de euros y una financiación autonómica en igualdad de condicione al resto de españoles, y ha asegurado que es necesario contar con esa financiación adecuada a la población para acometer obligaciones como atender las necesidades de los proveedores.

Fabra ha asegurado que una de sus prioridades será el pago a los proveedores, para lo que pretende utilizar la emisión de deuda, y ha pedido la colaboración del Gobierno central para que el Banco de España ayude a las autonomías a colocar deuda con la que poder afrontar sus compromisos.

El president ha abogado por mantener la calidad de los servicios sociales sin tomar ninguna medida que no quiere el Gobierno valenciano y que "no se corresponden en estos momentos a las necesidades de los ciudadanos, como es el copago", aunque hay que reducir los gastos y eliminar "todo lo superfluo".

Ha reiterado que no va a renunciar a los trasvases; ha exigido "transparencia informativa" al Gobierno sobre los agentes dedicados a la seguridad ciudadana en la Comunitat; y se ha comprometido a mejorar los resultados educativos y combatir el fracaso escolar, para lo que habrá aumento del número de horas lectivas, pues en su opinión hay otras medidas que hacer "antes" que esa.

También ha pedido "valentía" para lograr acuerdos autonómicos sobre los residuos; se ha ofrecido a pactar con los agentes sociales el nuevo PAVACE, y ha reclamado el apoyo a la reivindicación de infraestructuras como el Corredor Mediterráneo.

Para Fabra, hoy se ha abierto un "nuevo camino" en el que espera que todos los grupos sean lo suficientemente responsables como para poder llegar a acuerdos, que es lo que piden los ciudadanos, y ha asegurado que hoy se ha ganado en "normalidad", en "credibilidad" y en la relación que las instituciones deben tener con los ciudadanos.

Preguntado sobre los recortes anunciados por la presidenta de Castilla-La Mancha, ha dicho que la situación no es comparable con la de la Comunitat, porque aquí se han ido asumiendo ajustes que no precisan esa "intervención de urgencia".

Sobre la Cuenta general de 2010, ha explicado que el mercado financiero cambia a diario, y eso genera "tensiones de tesorería", si bien la Comunitat ha "hecho los deberes", lo que le posibilita la emisión de deuda para pagar a los proveedores.