El Ayuntamiento de Alicante ha iniciado una ofensiva de multas dirigidas al Instituto Valenciano de Vivienda (IVVSA) -dependiente de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente- por incumplir las exigencias municipales de rehabilitar varios bloques de viviendas de su propiedad del barrio de José Antonio que se encuentran alquiladas a familias con pocos recursos. Las sanciones se dirigen, al menos, a nueve bloques con más de medio siglo de antigüedad ubicados en torno a la plaza de la División Azul que se encuentran deteriorados y el importe oscila entre los 12.000 y los 50.000 euros por edificio, dependiendo de los daños.
Uno de los bloques es el de la calle Rubén Darío número 2, donde a principios de año se desplomó el techo de la cocina de una de las viviendas públicas alquiladas a una familia. El incidente se produjo apenas dos días después de que este diario publicara que el Ayuntamiento había amenazado con una multa al IVVSA por el deterioro de este edificio y de otros dos en calle General Bonanza. Ante el compromiso del organismo dependiente del Consell de subsanar todas las deficiencias en estos bloques, el Ayuntamiento paralizó temporalmente los expedientes sancionadores con la advertencia realizada por la concejala de Conservación de Inmuebles, Oti García-Pertusa, de reactivarlos en caso de incumplimiento. Y así ha sido.
Ahora ya no se trata de una amenaza, el Ayuntamiento ha dado un paso más y ha plasmado en un decreto la imposición de tres sanciones -cada una de ellas dividida en diez multas coercitivas- al IVVSA por incumplir las exigencias del Ayuntamiento. Y no sólo eso. También ha abierto otros seis expedientes sancionadores al Consell por incumplir las órdenes municipales con respecto a otros seis edificios del barrio de José Antonio en mal estado ubicados en las calles Galbis, Arce, Pavía, Muñoz, Moreto y Concepción Arenal.
En el caso de los dos últimos edificios, desde Conservación de Inmuebles explican que hace meses que se exigió al IVVSA que sometiese los bloques a la inspección técnica que deben pasar los edificios de más de 50 años y rehabilitara los elementos deteriorados. El plazo que se le concedió ha expirado sin que este organismo haya respondido al ultimátum del Ayuntamiento, por lo que la concejala ha iniciado el procedimiento sancionador que, según apuntó, puede conllevar la imposición de diez multas de 1.260 euros cada una por edificio.
Reforma integral o demolición
Tras las primeras amenazas de multa en enero, el Instituto de Vivienda anunció que realizaría una inspección integral del barrio para decidir si lo rehabilitaba o derribaba los edificios para reconstruirlos. A mediados de abril este organismo aseguró que había revisado nueve bloques y descartó que presentasen daños graves. Según informaron entonces fuentes del IVVSA, tras la inspección se había procedido a acometer alguna reparación puntual que requería urgencia, pero a día de hoy este organismo todavía no ha hecho público si optará por una rehabilitación completa de todos los bloques o por echarlos abajo.
Las medidas tomadas hasta ahora no han sido suficientes para evitar que el Ayuntamiento siga abriendo expedientes sancionadores por el mal estado de las viviendas y el incumplimiento de los requerimientos. Al respecto, García Pertusa incide en que "cualquier propietario, sea quien sea, tiene la obligación legal de mantener sus inmuebles en condiciones de seguridad, salubridad, ornato y decoro".
El Plan General permite derribar y rehacer los bloques
Los edificios del barrio de José Antonio -ocupa cuatro manzanas que rodean la plaza de la División Azul, entre Benalúa y el Polígono de Babel- fueron construidos hace más de 50 años y alquilados por el IVVSA a familias con pocos recursos económicos. Actualmente muestran numerosas deficiencias, sobre todo derivadas de las humedades, goteras y grietas. El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) -pendiente de la aprobación definitiva por parte de la Generalitat- da protección ambiental a este barrio, pero recoge la alegación que presentó el IVVSA para que permitiera el derribo o la rehabilitación de los pisos. De esta forma, el nuevo planeamiento reconoce el mal estado de las construcciones y, por tanto, permite que se sustituyan los edificios por otros siempre que se mantengan las mismas dimensiones, plantas y se les de un acabado similar al actual. Por ahora, este organismo no ha revelado si acometerá una reforma integral de los deteriorados bloques de viviendas o, por el contrario, optará por demoler los bloques y reconstruirlos.
