Más de 200 millones de euros cuestan a las arcas públicas los juicios que se celebran cada año en la provincia. La cifra sale de la estimación por parte de los magistrados de que cada uno de los 142.369 asuntos que juzgaron el año pasado en todas las jurisdicciones tienen un coste medio de 1.500 euros. La cifra es reveladora, ya que el presupuesto que la Conselleria de Justicia destinó exclusivamente a esta parcela para toda la Comunidad Valenciana durante el año 2010 ascendía a 274 millones de euros. De todas maneras, la competencias en Justicia están compartidas con el Gobierno Central, que se encarga de los sueldos de jueces, secretarios y fiscales. La administración autonómica se encarga del sueldo de los funcionarios, así como de los medios materiales y el turno de oficio.
El conseller de Justicia, Jorge Cabré, abrió recientemente la caja de los truenos a la hora de abrir el debate sobre la posibilidad de implantar una tasa para financiar la Justicia. El debate dividió en su día a jueces y fiscales entre partidarios y detractores. Pero en lo que todo el mundo está de acuerdo es que la financiación de la Justicia es claramente deficitaria. Los juzgados han sido siempre una de las administraciones donde la falta de medios ha estado siempre a la orden del día, incluso en los tiempos de bonanza.
Los sueldos de jueces, secretarios y fiscales, el papel, la luz eléctrica, los equipos informáticos, las notificaciones por correo, la asistencia de los letrados de oficio, informes periciales para los que es necesario contratar expertos ajenos a los juzgados. Éstos son algunos de los gastos a los que debe hacer frente la Administración cada vez que se celebra un juicio. Dentro del poder judicial se ha establecido que cada proceso cuesta 1.500 euros. La cifra se ha establecido a partir de un promedio en el que se ha incluyen tanto los macroprocesos con cientos de testigos y que se prolongan durante más de un mes, como los pequeños juicios de faltas que se despachan en unos pocos minutos. Atendiendo a los datos de actividad de los juzgados que reflejó la última memoria del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, en la provincia de Alicante se resolvieron un total de 142.369 asuntos a lo largo del año pasado. En la cifra no se incluyen los procesos de apelación que se resuelven en la Audiencia. A algunos magistrados no les sorprende la cifra, ya que la provincia cuenta con un total 134 juzgados más diez salas en la Audiencia Provincial y cuyas tasas de litigiosidad están siempre entre las cuatro primeras de todo el territorio nacional.
Sin embargo, a la hora de analizar estas cifras de vértigo, el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, lanzaba en una reciente visita a Alicante un mensaje contundente frente a aquellos que ven la Justicia como el sector donde meter la tijera. Los juzgados de toda España tienen consignados en estos momentos en cuentas bancarias hasta 3.300 millones en concepto de los distintos procedimientos que tienen en marcha, muchos de ellos por reclamaciones de cantidades. Invertir en Justicia para agilizar los procedimientos supondría que todo este dinero inmovilizado volvería a estar de nuevo en el mercado. Por ello, concluía que "invertir en Justicia es invertir en salir de la crisis".
Planes para reducir el volumen de pleitos
El presidente de la Audiencia Provincial, Vicente Magro, señaló que los planes para potenciar la mediación entre las partes responde a la necesidad de agilizar los procesos y tratar de reducir la litigiosidad. "Un juicio es algo muy caro y por eso hay que tratar de buscar vías alternativas a los tribunales para resolver los conflictos", explicó. El colegio de Abogados ya tiene su equipo de mediación para tratar de desatascar los juzgados de Familia, mientras que la Audiencia hay otro plan piloto para asuntos penales consistente en reconciliar al agresor con su víctima.
La memoria del TSJ de esta año ha puesto de manifiesto que la jurisdicción civil es en estos momentos la que mayor carga de trabajo está soportando como consecuencia de la actual crisis económica. El principal problema es que el volumen de entrada de asuntos que ha entrado en los últimos dos años asciende a los que debería haberse registrado en cuatro. Los juzgados de Primera Instancia controlaron el año pasado un total de 89.649 ejecutorias civiles y tenían más de 73.000 asuntos sin resolver y todo ello a pesar de que el número de demandas cayó un 5%. Al hilo del copago judicial, para el presidente de la Audiencia "está claro que si la mayor parte de estas demandas corresponden a grandes empresas porque quieren cobrar el recibo de la luz o el teléfono, así como bancos que reclaman por su hipoteca, lo lógico es que se les reclame el pago de la tasa por el uso que están haciendo de los tribunales de Justicia". J. A. M.
