Diputaciones, candidatas al descarte

De corporaciones de peso a controvertidas candidatas a abandonar el mapa institucional. Las diputaciones provinciales saltan a la primera línea de fuego tras el debate abierto sobre su utilidad y su razón de ser en el organigrama público actual. Las estrecheces a las que hacen frente las diferentes corporaciones y la necesidad de aplicar la máxima de la tijera para mantener a flote el sistema han avivado de nuevo este examen de permanencia que ha encontrado su hueco en los discursos de los diferentes partidos políticos en esta antesala a los comicios generales del próximo 20 de noviembre.

Bajo esta espada de Damocles, la Diputación de Alicante, presidida por Luisa Pastor (PP), capea el temporal de las críticas insistiendo en la labor «fundamental» que la institución representa para los pueblos, especialmente los más pequeños de la provincia. Un total de 141 municipios, de los que 82 se sitúan por debajo de los 5.000 habitantes.

Con mas de 189 años de rodaje, la corporación alicantina articula así desde la sede de la avenida de la Estación un amplio entramado de servicios que van desde el desarrollo de infraestructuras hidráulicas y carreteras hasta el impulso de iniciativas culturales, de bienestar social o vinculadas al sector turístico.

Diferentes frentes de trabajo asentados en la defensa de los intereses de los municipios y que permiten «garantizar a los pueblos la atención técnica, jurídica y económica», además de una visión «estratégica» para afianzar su desarrollo, explicó Luisa Pastor .

Bajo estas pautas, la Diputación gestiona desembolsos de ayuda directa a los ayuntamientos de Alicante por un valor superior a los 30 millones de euros, aportaciones dirigidas a insuflar oxígeno a sus arcas costeando proyectos que los entes locales «no podrían sufragar de otra manera».

Con este objetivo, desde el Palacio provincial se ofrecen servicios como el de Asistencia a Municipios (SAM) dotado en 2011 con una partida superior al millón de euros, destinados a dar cobertura a las necesidades «consultivas que en áreas como la economía, la informática, los presupuestos o la vía judicial puedan tener los pueblos», asistencia de personal cualificado cuyo coste para los municipios sería complicado asumir, precisan desde la institución.

En esta búsqueda de medidas para rebajar la presión económica de los pueblos se ha apostado también por la puesta en marcha este mismo año de una central de compras coordinada por la Diputación para potenciar el ahorro. Una herramienta que pretende abaratar costes, al negociarse desde la institución los contratos de determinados bienes y servicios -en aspectos como el suministro eléctrico, la adquisición de vehículos o la compra de material informático- al aglutinar en estas operaciones a un conjunto de entidades locales. Bajo el paraguas de la institución provincial se articulan, además, ayudas en materia de mujer, prevención contra la violencia de género, planes medioambientales, actuaciones de integración para los residentes extranjeros o equipamientos de los centros sociales de pequeños municipios, potenciando así un marcado carácter social en su actuación. Una organización en la que también se ha vivido el traspaso de competencias a otras administraciones como en el caso de salud mental, gestión que la Diputación devolvió a la Generalitat en 2007 para que fuese la Conselleria de Sanidad la que se hiciera cargo del «personal sanitario» en esta parcela. En la actualidad la Diputación, a través del centro Doctor Esquerdo, se ocupa de la rehabilitación de enfermos mentales crónicos.

Del turismo a la prevención

El mapa de competencias asienta otra de sus ramas en la prestación de servicios de emergencias a través de los consorcios de bomberos. Un total de 12 parques comarcales en la Marina Alta, la Marina Baixa, Vega Baja, Alacantí y el Vinalopó. Además de la promoción de la provincia como destino turístico -por medio del Patronato Provincial de Turismo- o la participación, a través de diferentes consorcios, en materia de tratamiento de residuos.

Garantías

Conocedores en profundidad de esta carta de servicios y atentos al debate suscitado en torno a la razón de ser de las diputaciones, los cinco últimos presidentes con los que ha contado la institución alicantina -Antonio Fernández Valenzuela; Antonio Mira-Perceval; Julio de España; José Joaquín Ripoll y Luisa Pastor- coinciden en poner en alza la tarea «fundamental y de garantía» para los municipios desarrollada a lo largo de los años por la cámara alicantina. Un análisis abierto a posibles reformas que permitan dotar a estos entes de mayor eficacia pero que, según subrayaron, no puede pasar, a día de hoy, por su supresión.

Bajo estas pautas, voces como la de Antonio Mira-Perceval advirtieron de la imposibilidad de, ante un mapa municipal como el actual, intentar acometer la eliminación de las diputaciones, así como cambios en niveles más altos de la administración. Una realidad que pasa, según el exmandatario provincial, por la necesidad de abrir una evaluación a «largo plazo y en profundidad».

Más rotundo en sus palabras, José Joaquín Ripoll calificó de «innecesario» este tercer grado al que se está sometiendo a las diputaciones. Unas administraciones que, según precisó, «se encuentran, como es el caso de la de Alicante, entre las más saneadas y bien dimensionadas» del mapa nacional. Diferentes atributos a los que sumó la importante tarea de «hermano mayor» que ejercen sobre los pueblos más pequeños.

En esta misma línea, Julio de España abogó por la apertura del debate para potenciar la eficacia de las diputaciones, poniendo el acento en la necesidad de intensificar los «controles» para lograr, «al igual que se realiza en una economía doméstica», que las inversiones que ejecutan estos organismos sean «más eficaces» para los diferentes pueblos de la provincia.

El testigo lo recogió Antonio Fernández Valenzuela quien calificó el debate sobre las corporaciones provinciales «de conversaciones para entretener a la tropa». Así, aseguró que en la guerra de competencias a la que «juegan especialmente las comunidades autónomas debe atenderse al carácter imprescindible» que representan las diputaciones para aquellos municipios, «que escapan de los objetivos de las grandes ciudades por las que pelean» los gobiernos autonómicos.

Con más o menos resultados, el debate sobre la continuidad de estas instituciones vuelve a ganar posiciones en el escenario autonómico y nacional con la aportación, incluso de datos globales sobre el ahorro económico que supondría su eliminación y que asciende, según el candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, a mil millones de euros.

Suma o el Marq como proyectos referentes

El recorrido de la Diputación de Alicante cuenta con proyectos de peso reconocidos dentro y fuera de las fronteras nacionales. Infraestructuras como el Museo Arqueológico Provincial (MARQ) han conseguido situarse como un referente cosechando en 2004 el premio europeo al Mejor Museo. Otra de las piezas angulares de la institución provincial ha sido el modelo desplegado en la recaudación de tributos por Suma. Un organismo dependiente de la Diputación que tramita bajo la adhesión voluntaria de los ayuntamientos la gestión de los tributos integrando casi a la totalidad de los 141 municipios de la provincia. Otras infraestructuras como el Auditorio provincial figuran en esta lista de proyectos eje, así como el Instituto de Cultura Juan Gil Albert o el prestigio adquirido por el premio Azorín de novela, impulsado por la institución

EN CIFRAS30 millones

Inversiones directas

La Diputación destina de manera directa más de 30 millones anuales a los ayuntamientos, además de servicios de apoyo y asesoramiento.

82 municipios

Radiografía poblacional

La provincia cuenta con una población de 1.891.477 habitantes repartidos en 141 municipios, 82 de ellos con menos de 5.000 residentes.

12 parques de bomberos Servicios de extinción de incendios

La institución provincial coordina las tareas de prevención y extinción de incendios a través de una docena de parques comarcales.