El Ejecutivo valenciano se tomará su tiempo antes de meter la tijera a fondo en el sector público de la Generalitat. Pese a los reiterados anuncios de recortes en las empresas y organismos públicos, las medidas de calado no se tomarán antes de dos años. Al menos, esa es la previsión que fija la nueva ley de Gobierno y del sector público de la Generalitat. La norma, cuyo objetivo fundamental es reordenar el sector público de la Generalitat, fija por primera vez las reglas de funcionamiento de las más de 130 empresas, organismos y fundaciones públicas que en la actualidad dependen de la Administración y se financian a través de sus fondos.
El Consell que preside Alberto Fabra está dispuesto a racionalizar las empresas públicas, pero en esta ardua tarea consumirá toda la legislatura. La disposición adicional tercera de la citada ley menciona que el proceso de adaptación de los entes del sector público en materia de organización y funcionamiento "deberá haber concluido en el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de la ley". "Finalizado dicho proceso de adaptación -añade la citada cláusula- se analizará la estructura del sector público de la Generalitat con la finalidad de, en su caso, proceder a las adscripciones, supresiones o refundiciones a que hubiera lugar, con el objetivo de conseguir la adecuada racionalización del mismo".
El plazo de tiempo que el Ejecutivo se da para articular el tránsito del actual modelo del sector público de la Generaliat a la nueva ley resulta chocante si se tiene en cuenta que el Consell lleva más de dos años hablando de adelgazar el sector público. Ya en los presupuestos de 2010 se presentó un primer plan de austeridad que incluía la reducción del número de organismos. Sin embargo, las decisiones en torno a las supresiones y fusiones de entes se han hecho a cuenta gotas. En dos años, el Consell ha suprimido dos empresas públicas y siete fundaciones.
Sin embargo, el grueso del tijeretazo tendrá que esperar. Cabe apuntar que paralelamente a la aprobación de la ley que regulará el sector público, el Consell tiene previsto aprobar vía decreto el holding en el que se concentrarán todas las empresas. Tal como avanzó la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, personal del departamento de Economía que dirige Enrique Verdeguer formarán parte de todos los consejos de administración de las sociedades mercantiles con el fin de analizar la gestión y reforzar el control del gasto. Se trata también de un proyecto a cuatro años.
Aunque los planes del Ejecutivo valenciano están en consonancia con la estrategia de la dirección nacional del PP a nadie se le escapa que cualquier decisión sobre estas empresas tendrá un coste en personal que el Consell tratará de postergar hasta que se celebren las elecciones generales.
Con todo, la hoja de ruta marcada en el anteproyecto de ley de Gobierno y del sector público tiene su complejidad. La citada disposición tercera establece que la adaptación se hará paso a paso. Cada uno de los entes deberá adaptar sus normas de funcionamiento a las determinaciones previstas en la ley en lo que se refiere a denominación, organización y funcionamiento.
Exámenes al personal laboral para ser fijo
La ley es tajante respecto al futuro del personal laboral que trabaja en el sector público en el caso de que la entidad en la que trabajen se encuentre en un supuesto de extinción. "Cuando las funciones atribuidas a un ente del sector público sean asumidas directamente por la Generalitat o por un organismo autónomo, al personal laboral se le aplicará lo dispuesto en el instrumento de extinción, sin que en ningún caso puedan asumir la condición de personal fijo sin la superación de un proceso selectivo", recoge el texto legal. Ademas, también regula supuestos según los cuales se podrán modificar o suprimir los entes del sector público, por ejemplo por inactividad en el transcurso de un año desde su creación. J.R.
