El "fantasma" del copago en servicios públicos como sanidad o justicia se ha convertido en los últimos días en un auténtico polvorín para el Gobierno valenciano, presidido por Alberto Fabra. Un debate abierto que obligó ayer a los consellers de ambos departamentos a rechazar de plano la posibilidad de introducir a día de hoy ningún tipo de tasa como fórmula para ayudar a capear la falta de fondos que afrontan las arcas autonómicas.
Bajo esta premisa, el conseller de Justicia, Jorge Cabré, apostó por acabar con cualquier tipo de ambigüedad y aseguró que el Consell "no estudia la posibilidad de poner en marcha un copago" en la Comunidad. El responsable del área judicial se vio así en el brete de matizar sus declaraciones de hace apenas un día, en las que apuntaba hacia la posible introducción de un gravamen como vía para "agilizar" la justicia. Unas palabras que, según explicó Cabré, no "se referían a que la Generalitat en concreto estuviese estudiando esta posibilidad" sino "que sólo pretendía contribuir a la apertura de un debate a nivel estatal".
Así sentenció que el copago no es "el planteamiento en el que trabaja la autonomía en estos momentos", ya que el tema "ni se está estudiando ni está sobre la mesa". La rotundidad en las palabras del conseller seguían la estela marcada por el propio presidente de la Generalitat, quien tras estallar la polémica descartó con contundencia la fórmula de la introducción de tasas. Una intervención que ha sido una auténtica llamada a filas y que ayer se escenificaba bajo el guión de "no al copago" tanto en Denia como en Valencia, puntos donde Cabré y Rosado, respectivamente afrontaron actos públicos.
"Corresponsabilidades"
La consigna del descarte se plasmaba, de igual manera, en la intervención del titular de Sanidad, quien rechazó que su departamento vaya a acudir a la fórmula del copago. Rosado sí apeló a la necesidad de conseguir una "corresponsabilidad" de la gente en el uso de los servicios públicos. Un empleo adecuado de la sanidad que se sustenta en la "concienciación" del ciudadano que "debe saber que lo que el Estado y las autonomías ponen a su servicio tiene que ser utilizado de una forma correcta".
Junto a estas advertencias, el representante de Sanidad situó el debate sobre la posible introducción de cualquier tipo de tasa en el ámbito estatal, "al ser el único marco en el que puede plantearse". Un escenario que también estuvo presente en la exposición de motivos de su homólogo en Justicia, quien advirtió de que la "competencia" a la hora de asumir posibles medidas recae en el Estado.
Cabré chutó aún con más fuerza a la portería del Gobierno para señalar que hasta el momento "las únicas tasas que existen en la parcela judicial fueron aprobadas por un Ejecutivo socialista en 2009". Sin titubeos situó también en el blanco de sus críticas al ministro de Fomento, José Blanco, a quien emplazó a explicar "si es un chiste" -el representante del Gobierno empleó este término para calificar el planteamiento de tasa expuesto por Cabré- él pago de 50 euros que tiene que afrontar cualquier ciudadano para ejercer su derecho a recurrir" en los tribunales. Una medida que fue "establecida por el Ejecutivo socialista", precisó.
Los movimientos vividos estos últimos días alrededor de la conveniencia de buscar medidas para insuflar oxígeno a los servicios públicos encontraban su capítulo anterior en el frente abierto la pasada semana sobre los planteamientos de una posible devolución de competencias al Estado. Una carta que jugaba el presidente de la Generalitat, al igual que hicieron otros dirigentes de comunidades autónomas -entre otros los responsables de la región de Murcia, Castilla-La Mancha o Madrid- ante las dificultades para atender la prestación de determinados servicios públicos cuyas competencias están transferidas a las autonomías, por la ausencia de "la inyección" económica estatal.
Los socialistas acusan al PP de intentar "ocultar" su hoja de ruta hasta el 20-N
Desde todos los frentes. La posible introducción en los servicios públicos de algún tipo de copago ha puesto en pie de guerra a la oposición. Los representantes del PSPV apuntaron ayer hacia el propio presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, a quien acusaron de "estar obligando" al jefe del Consell, Alberto Fabra, a "seguir mintiendo y ocultando un copago generalizado en departamentos como sanidad, justicia y educación". El portavoz adjunto del grupo en las Cortes, Francisco Toledo, enmarcó estas directrices en la necesidad de contener "los ánimos" hasta la celebración de las elecciones generales el próximo 20 de noviembre, además de insistir en que el "verdadero plan del Consell pasa por subir los impuestos" con repuntes como el registrado "en las tasas universitarias con una subida del 7,4% y que ahora intentan exportar a las urgencias hospitalarias o a la administración de justicia". La formación cuestionó, de igual manera, la aplicación de estas tasas al ser "contrarias a la Constitución española, especialmente en el área de Justicia". Una vía que, según subrayaron, "sólo puede calificarse como broma de mal gusto".
Por su parte, el portavoz de la coalición Compromís en las Cámara autonómica, Enric Morera, pidió a Fabra que apueste por "solicitar un nuevo pacto fiscal con el Estado para abordar el problema de la financiación y los desajustes en la recepción de fondos que arrastra la Comunidad". Una postura que, según Morera, debería defender con "firmeza" en lugar de "alentar medidas económicas antisociales procedentes de la extrema derecha del PP". EFE
