La propuesta del conseller Jorge Cabré sobre la implantación de una tasa para agilizar los trámites judiciales fue recibida con división de opiniones por parte de jueces y fiscales, mientras que los sindicatos y Esquerra Unida se mostraron críticos con el copago. El decano del Colegio de Abogados de Alicante también se opone a las tasas pese a que aplaude la apertura del debate.

Uno de los más reacios a la propuesta fue el fiscal jefe de Alicante y excompañero de Cabré, Juan Carlos López Coig, quien advirtió de que "la tutela judicial efectiva no se puede limitar con tasas" y consideró que el copago sería "volver atrás". "Las tasas ya existieron y se quitaron, afortunadamente", indicó el fiscal jefe. En una línea similar se pronunció Ramón Siles, fiscal jefe del área Elche-Orihuela, a quien no le parece "una buena idea, sobre todo para asuntos de derecho Penal o de Familia". Siles se plantea que podría aplicarse en determinados pleitos mercantiles, pero estima que la propuesta es de "difícil aplicación".

Donde hubo más respaldo a la propuesta de Cabré fue en la judicatura. La mayoría de las asociaciones de jueces consideraron adecuada la implantación del copago y solo Jueces para la Democracia rechazó esta medida porque, en su opinión, generaría desigualdades sociales y no mejoraría el servicio.

Para el presidente de la Audiencia de Alicante, Vicente Magro, la actual situación económica exige esfuerzos y "en alguna medida es positivo implantar tasas en determinados casos". Según Magro, la idea sería que "los que más acuden a la justicia deberían abonar tasas".

El juez decano de Alicante, Juan Carlos Cerón, también apoya la propuesta pero con matizaciones y siempre que "no limite el derecho a la jurisdicción". "No está mal la idea, pero siempre que la tasa sea reintegrable, que un juez pueda decidir su devolución si se prueba que la denuncia era razonable", indicó ayer. Para Cerón, dicha tasa permitiría "limitar el uso fraudulento de la Administración de Justicia". Donde discrepa Cerón con Cabré es en las referencias a la calidad y en este sentido aseguró que "la Justicia de calidad ya la tenemos".

Quien no ve tan clara la implantación del copago es el magistrado José de Madaria, presidente de la Sección Séptima de la Audiencia con sede en Elche. En su opinión el copago es "complejo" y "yo creo en la Justicia gratuita pero con limitaciones al abuso"

Tampoco es partidario de las tasas el decano del Colegio de Abogados de Alicante, Mariano Caballero, quien calificó de "interesante" que se abra un debate sobre el copago pero señaló que "hay servicios públicos que no pueden estar condicionados a tasas, como la sanidad, la educación y la justicia". Caballero también teme que este tipo de medidas pueda limitar derechos fundamentales.

Donde no hubo división de opiniones fue en los sindicatos y en EUPV. El portavoz adjunto de EU en las Cortes, Ignacio Blanco, dijo que el copago en Justicia es "un nuevo globo sonda que contradice la promesa electoral del Partido Popular de rebajar la presión fiscal" y calificó de "vergüenza absoluta" que se justifique como una fórmula para mejorar los trámites.

El responsable de CSIF-Justicia en Alicante, Luis Picazo, se mostró en contra del copago y recordó que en los años 80 ya existieron las tasas y no funcionó. Picazo reclamó que en vez de tasas se invierta en medios para la nueva oficina judicial. Desde UGT, el delegado sindical, Juan Pedro Pelegrín, dijo que no es una propuesta seria y calificó las tasas como "un sistema franquista e injusto, porque pagan los que menos tienen". Pelegrín reclamó a la Generalitat que utilice el tramo autonómico del IRPF para financiar la Administración de Justicia. CC OO consideró la medida "regresiva e inadecuada" y dijo que no solucionaría "las graves carencias de la justicia valenciana".

Blanco califica de "broma" que se plantee el copago en Justicia

El portavoz del Gobierno y ministro de Fomento, José Blanco, calificó ayer de "broma" que se plantee el copago en Justicia en la Comunidad Valenciana y lo rechazó, aunque advirtió de que es la tercera área de la administración en la que desde el PP se plantea una medida así, después de la sanidad y la educación. En declaraciones a Punto Radio recogidas por Europa Press, Blanco señaló que espera que la idea "sea desautorizada" por la dirección del PP. "En el fondo el PP tiene ideas que no plasma en un programa electoral aunque formen parte en su ideario", señaló el dirigente socialista. EUROPA PRESS