Los populares valencianos no iban de farol cuando en su programa electoral para los comicios del 22-M plantearon las privatizaciones como parte de la solución a la falta de recursos públicos. El grupo del PP en las Cortes Valencianas ha registrado una proposición no de ley en la que insta al Ejecutivo central a modificar la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita para, entre otras cuestiones, poner en marcha "fórmulas alternativas" a la actual gestión del turno de oficio. Este está concebido en la actualidad como un servicio público que costea la Generalitat y que prestan los abogados apuntados en el turno. Aunque el texto del PP no menciona la palabra privatización, resulta evidente que los populares quieren manos libres para introducir cambios en la gestión. De ahí que solicitan una reforma urgente de la ley estatal que "permita que la legislación autonómica pueda ir más allá en la mejora del servicio, contemplando incluso fórmulas alternativas a la actual para su gestión y prestación". La posible privatización del servicio -dejar en manos de despachos privados la prestación- podría suponer un auténtico drama para los profesionales del turno de oficio, para muchos, su única fuente de ingresos.
La proposición no de ley, que forma parte de un paquete de iniciativas anunciadas ayer por el portavoz del grupo popular, Rafael Blasco, plantea también ajustes en el gasto que este servicio supone para las arcas autonómicas. La propuesta habla de "racionalización al máximo" del turno de oficio y lo justifica en que "el notable incremento experimentado por el recurso a la asistencia jurídica gratuita en los últimos años ha generado un importante esfuerzo presupuestario". Argumentan que es necesaria su "racionalización" en "el actual escenario de crisis económica, control del déficit y ajuste en el gasto público". "El camino para la consecución de este objetivo sin menoscabar en modo alguno el derecho de los ciudadanos pasa por la vinculación del beneficio fundamentalmente a la carencia de recursos económicos", apuntan. En realidad, la asistencia jurídica gratuita está ya dirigida a aquellos que carecen de recursos suficientes. Dado que los requisitos son ya de tipo económico, la propuesta implicaría rebajar el tope de ingresos a partir del cual un ciudadano puede beneficiarse de la asistencia jurídica gratuita.
Reclaman a Zapatero la misma financiación que Cataluña
El paquete de propuestas anunciadas ayer por Blasco incluye otra exigencia al Gobierno central en materia de Justicia. En este caso, lo que se busca es que el Gobierno central transfiera a la Comunidad Valenciana más recursos. En concreto, se exige al Gobierno de Zapatero el mismo trato otorgado a Cataluña, que según argumenta el grupo popular, posee una doble financiación cuando recibe nuevas unidades judiciales, de tal manera que el Estado sufraga la totalidad de los servicios transferidos. No ocurre lo mismo en el resto de autonomías que, asegura el PPCV, han de hacerse cargo del 80% del coste de las nuevos juzgados. Exigen, por tanto, una reforma de la financiación que garantice la igualdad del trato y apuestan por extender el modelo catalán. j. r.
