La asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha asegurado hoy que el copago en Justicia "no agilizaría los procedimientos, generaría desigualdades sociales y tendría efectos recaudatorios, pero no de mejora en el trámite", y ha planteado otro tipo de medidas para mejorar el servicio.
En un comunicado, JpD se ha referido así a las declaraciones hechas ayer por el conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, en las que aseguraba que no descarta implantar el pago de una tasa "como medida para agilizar los trámites judiciales".
A su juicio, aunque las entidades bancarias, las sociedades mercantiles o las personas con elevado patrimonio "no tendrían ningún problema en pagar las tasas, a los ciudadanos de rentas inferiores se les disuadiría de la defensa de sus derechos, lo cual afectaría al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva".
"Esta perspectiva de limitación de los servicios públicos a través del copago, como otras similares referentes a la educación o a la sanidad, representa una visión contraria a los principios esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho", ha lamentado.
La asociación ha considerado que la gestión de la Justicia podría mejorar "con otro tipo de medidas que no están siendo abordadas" por la Generalitat, como el impulso en la reforma de la oficina judicial, una gestión más adecuada de los recursos personales y materiales, o una reducción de gastos "superfluos".
En su opinión, el actual modelo "resulta obsoleto y la institución autonómica no está mostrando ninguna voluntad de proceder a las modificaciones previstas legalmente".
Ha defendido que la agilidad se incrementaría "con una gestión más adecuada de los recursos personales y materiales por parte de la Conselleria de Justicia", y ha criticado el "elevado número de personal interino que no cuenta con una suficiente formación para desempeñar sus puestos de trabajo".
"Una gestión más eficaz de la Generalitat Valenciana en materia de creación de juzgados también supondría un avance para la administración de justicia, ante las carencias de la situación actual", ha afirmado JpD.
La asociación también ha señalado que si el problema se encuentra "en que la Generalitat no cuenta con suficientes partidas económicas para afrontar la gestión en materia de justicia, la solución debe radicar en otro tipo de ordenación presupuestaria que haga frente a las necesidades reales", como la reducción de gastos públicos "superfluos sin relevancia social".
Finalmente, han manifestado su disconformidad con las propuestas de devolver al Gobierno central las competencias autonómicas, al considerar esta medida contraria a los principios constitucionales.
