Los más de 9.000 beneficiarios de las ayudas de la Ley de Dependencia en Alicante no deberán en el futuro volver a sufrir retrasos en el pago de dichas prestaciones. Este fue el compromiso que asumió ayer el flamante conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, tras una improvisada y breve reunión con el portavoz de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en la provincia, Miquel Martorell.
Cabré decidió escuchar las peticiones del colectivo, que ayer congregó a unas 50 personas en las puertas del edificio PROP de la Generalitat, donde el responsable de Bienestar Social se encontraba para presidir un acto en reconocimiento a la labor solidaria de las familias valencianas que acogen este verano a 254 niños saharauis.
"No entendemos la manifestación, ya que la orden de pago se efectuó el pasado 26 de julio, no como consecuencia de las reclamaciones", afirmó Cabré, quien sin embargo admitió que el depósito de las ayudas se había demorado unos días "por un problema en Tesorería, que ya se ha solventado".
Por su parte, desde la plataforma afirmaron que los retrasos se han convertido en una constante, por ello, la principal reclamación al conseller fue la de establecer los criterios que se seguirán para recibir las ayudas: "Le hemos transmitido nuestro malestar y queremos conocer en qué fechas se abonarán las ayudas", aseguró Martorell, quien, además, pidió a Cabré "información clara y suficiente sobre cuántas personas pueden y deben recibir las ayudas", así como la regularización del proceso de retroactividad en las subvenciones, ya que muchas personas llevan meses sin recibir sus ayudas. El representante del colectivo de personas dependientes recordó que el retraso en el pago de las prestaciones afecta a más de 9.000 usuarios en la provincia.
El responsable de Bienestar Social mantendrá una nueva reunión con el representante de la plataforma en Valencia, en el mes de septiembre, para analizar las peticiones e intentar resolver los problemas planteados ayer.
Justicia
El también conseller de Justicia aseguró, por otro lado, que se puede plantear un debate "sin alarmismo y sin crear conflicto" acerca de las competencias de las distintas administraciones y órganos judiciales para suprimir las deficiencias y reducir parte del presupuesto que corresponde a las comunidades autónomas. "Se trata de coordinar adecuadamente, porque el hecho de que haya hasta tres administraciones distintas -Ministerio de Justicia, Conselleria de Justicia y Consejo General del Poder Judicial- resolviendo sobre las mismas cosas tiene hasta el riesgo de diluir las responsabilidades", afirmó.
Asimismo, exigió al Ministerio de Justicia que "traiga jueces a la dirección territorial valenciana", ya que "es lo que hace falta aunque sigan empeñados en abrir15 juzgados", un gasto que según Cabré en estos momentos es muy difícil de asumir y "por ello se deberían buscar otras soluciones".
