Las plataformas en defensa de la Ley de Dependencia de la Comunidad Valenciana mostraron ayer su "indignación" por la "mala" gestión en la aplicación de la normativa y denunciaron que en Alicante no han sido abonados los pagos correspondientes a prestaciones y servicios del mes de junio. En un comunicado, las plataformas declararon "políticamente responsables" al president de la Generalitat, Alberto Fabra, y al conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, "si no se toman medidas urgentes para poner a la Comunidad Valenciana en el lugar que se merece, dentro de las comunidades autónomas del estado español".
Horas después de que hicieran pública esta queja, el Consell negó los impagos. El secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia, Joaquín Martínez, apuntó que a fecha de hoy "la Generalitat está al día en el pago de las prestaciones económicas por dependencia". Según Martínez, las prestaciones de junio "han sido abonadas a sus beneficiarios a lo largo de este mes, realizándose la última transferencia la semana pasada". El dirigente subrayó que el Ejecutivo ha destinado 3'8 millones de euros para la ejecución de estas prestaciones, que van dirigidas a 9.509 personas en situación de dependencia de la provincia de Alicante, de los que 6.636 son mayores de 65 años y el resto personas con discapacidad.
Las plataformas, por el contrario, subrayaron que los fondos no se han ingresado. De ahí que pidieran la dimisión o cese del secretario autonómico por ser "corresponsable de la mala gestión de la Ley, llevada a cabo por los anteriores consellers Juan Cotino y Angélica Such y que ha colocado a la Comunidad en la cola de la aplicación de la Ley en el Estado español desde su puesta en marcha el 1 de enero de 2007".
"Actualmente estamos a la cola, junto a Canarias, en el desarrollo y aplicación de la Ley de Dependencia", remarcaron las entidades, que consideraron que los Servicios Sociales y el desarrollo de la Ley "no pueden ser el patito feo" de las políticas sociales que sustentan el Estado de Bienestar en la Comunidad". Además, mostraron su solidaridad con las Plataformas de Alicante y Comarcas y se sumaron a la concentración que hoy harán a las 12 horas frente al PROP de Alicante por el "impago de las prestaciones económicas y de servicios correspondientes a junio".
Críticas al Gobierno
El secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia culpó al Ejecutivo de las posibles disfunciones y dijo que la Generalitat aplicaría mejor la Ley "si el Gobierno central financiara el 50 por ciento, que es lo estipulado en ella". "Sin embargo -agregó-, el Gobierno de Zapatero prefiere mantener una deuda social con la Comunidad Valenciana de 440 millones de euros, cantidad que debería de haber aportado si realmente hubiera pagado el porcentaje que le corresponde".
A juicio de Martínez, la concentración de hoy en Alicante "deberían realizarla ante las puertas de la Delegación del Gobierno, porque es éste el que no cumple con la ciudadanía".
UGT censura los recortes en las universidades
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT-PV condenó ayer el recorte de la Generalitat en las asignaciones a las universidades públicas enmarcado en el plan de austeridad, cifrado en 132 millones de euros. Además exigió al Consell que "defienda el sistema universitario valenciano" y vele por su carácter "público y gratuito". En un comunicado, el sindicato se refirió así al anuncio realizado el viernes por el conseller de Hacienda y Administraciones Públicas, José Manuel Vela, a quien reclamó que cumpla con Plan de Financiación de las Universidades 2010-2017 firmado en Alicante el 30 de septiembre de 2010 entre la Generalitat y los cinco rectores de las universidades públicas valencianas. Ante el plan de ajuste, UGT ha elaborado un manifiesto que tiene como lema "No a los recortes. Por una enseñanza superior de calidad". EUROPA PRESS
