El TSJ exige a Rajoy documentos sobre  la financiación del PP en la Comunidad

En la resolución judicial, hecha pública ayer, el alto tribunal valenciano emplaza a la cúpula nacional popular a aclarar el funcionamiento de las finanzas del PP y la relación con sus organizaciones territoriales. "Oficiar a la dirección nacional del Partido Popular (sede nacional) para que informe en relación al modo de funcionamiento de la contabilidad del partido en la Comunidad Valenciana y en concreto personas responsables de la misma, grado de autonomía económica-financiero y contable de la organización política en dicha Comunidad, modo de fiscalización y control sobre la organización territorial, y especialmente la electoral y en concreto la derivada de las campañas de los años 2007 (autonómicas y locales) y 2008 (generales), mencionando qué personas del partido en dicha Comunidad son las que en dichos años han tenido responsabilidad o intervención en la formación y presentación de dicha contabilidad", apunta textualmente el instructor de la causa en su resolución judicial.

En plata, el magistrado quiere saber cómo funciona la contabilidad del PP en la Comunidad, las personas que la manejan, si las decisiones se toman de acuerdo entre Madrid y Valencia, el control que ejerce Génova sobre las cuentas de los populares valencianos y, sobre todo, reclama datos sobre la financiación de la campaña para las autonómicas de 2007 y de las generales de 2008, las dos citas electorales objeto de la investigación. El auto, por tanto, acuerda continuar adelante con las indagaciones aunque con una causa que, finalmente, quedará dividida en tres partes: una relativa a un presunto delito electoral -financiación irregular- durante los comicios de 2007, en los que Francisco Camps logró su segunda victoria por mayoría absoluta; otra relacionada con un supuesto delito de falsedad durante 2008, cuando se desarrolló la campaña de las últimas elecciones generales; y una tercera por presuntos delitos de prevaricación y cohecho en las adjucaciones que, entre los años 2005 y 2009, la Generalitat concedió a Orange Market -la empresa dirigida por El Bigotes que actuaba como una delegación del entramado de Gürtel en Valencia- para organizar la presencia de la Comunidad en Fitur.

En la primera causa estarían involucrados, entre otros y como recuerda el juez en su auto, el extesorero nacional del PP, Luis Bárcenas; los diputados Vicente Rambla, Ricardo Costa, David Serra y Yolanda García, a la sazón tesorera de los populares valencianos; responsables de la red Gürtel como El Bigotes, Pablo Crespo o el propio Francisco Correa; y los responsables de las constructoras Facsa, Pavimentos del Sureste, Vallalba, Hormigones Martínez y Piaf. En el segundo de los procedimientos, vinculado a la actividad del PP en 2008, también aparecen los dirigentes del PP ya citados, todos aforados; la cúpula de la red Gürtel; y los responsables de las constructoras Facsa, Piaf y Lubasa -ya ligadas al procedimiento anterior- a las que se suman, en este caso, la mercantil Sedesa y el grupo del alicantino Enrique Ortiz, imputado ya en el caso Brugal. Además, el magistrado implica a dos personas, aún no identificadas, a las que se refiere como "El Príncipe" y "El Cantante". En la investigación sobre los contratos de la Generalitat con la red Gürtel, la tercera de las piezas en las que se divide el sumario, el instructor involucra, junto a los responsables de la red Gürtel en Valencia, a la alcaldesa de Novelda y exconsellera de Turismo, Milagrosa Martínez; a Vicente Rambla, vicepresidente del Consell hasta el pasado mes de junio; y, precisamente, a Rafael Betoret, alto funcionario de Turismo cuando se realizaron las adjudicaciones y que ya se autodeclaró culpable en el caso de los trajes de Gürtel, en el que estaba acusado junto al expresidente Camps.

Entre otras diligencias, el TSJ solicita a las Cortes que certifique la condición de aforados de los dirigentes del PP investigados; acuerda que se informe a los involucrados que, a día de hoy, todavía no se han personado; reclama al TSJ de Madrid una serie de documentación y de soportes informáticos sobre el procedimiento; pide al instructor de la causa en Madrid, el magistrado Antonio Pedreira, que le remita las diligencias practicadas; emplaza a la Policía a remitirle informes sobre todas las investigaciones y en qué punto se encuentran las que ya están en marcha; pide a Presidencia de la Generalitat una serie de certificaciones sobre los contratos de Turismo concedidos a la red Gürtel y la identidad de las personas que los firmaron; acuerda dirigirse a la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad para que le aporte información sobre las adjudicaciones de Fitur a la red; y también al Tribunal de Cuentas para que le valide la situación real de la contabilidad electoral del PP en los comicios de 2007.

Con este escenario mediatizado por los avances judiciales de la operación Gürtel, Alberto Fabra llega a su toma de posesión de hoy, un acto solemne en el que el nuevo jefe del Consell hará pública su Proposició de Govern. Fuentes de la Generalitat apuntaron que el mandatario autonómico, que presidirá su primer Consell al término de la sesión parlamentaria, hará una apuesta decidida por el Corredor Mediterráneo. La versión del socialista Ángel Luna es muy diferente: "El auto ha devuelto a la realidad a Alberto Fabra", dijo.

Rus fuerza a Betoret a renunciar a su cargo por los trajes de Gürtel

El jefe de protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret, trasladó ayer al presidente Alfonso Rus, también máximo responsable del PP en esa provincia, su intención de abandonar el cargo y reincorporarse como funcionario de la Agencia Valenciana de Turismo, informó la institución provincial en un comunicado. La decisión de dimitir de Betoret se produce después de que hace justo una semana acudiera a la sede del TSJ para aceptar la condena por un delito de cohecho pasivo impropio tras recibir regalos de empresas de la trama Gürtel. Alfonso Rus, a través del mismo comunicado, muestra su respeto por esta decisión y le ha agradecido los servicios prestados durante cuatro años "con demostrada eficacia, solvencia y profesionalidad". El auto del magistrado José Francisco Ceres sobre la financiación irregular del PP también implica a Betoret en una causa por cohecho y prevaricación. P. r. f.

Camps ocupará escaño entre Rita Barberá y Castedo

El hasta ahora presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ocupará un escaño en la bancada del PP en las Cortes situado entre la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y la primera edil de Alicante, Sonia Castedo, el mismo sillón que, hasta ahora, ocupaba Alberto Fabra. Camps, de momento, se resiste a presentar su dimisión como diputado autonómico. Carlos Fabrá tildó anoche de "payasada" el proceso contra Camps. redacciÓN