Los trajes de Gürtel han sacudido los cimientos del PP valenciano. No sólo han provocado la dimisión del hasta ahora presidente, Francisco Camps, sino que además han desgastado la imagen de una Comunidad que desde hace dos años y medio se ha instalado en la primera plana de la actualidad nacional por la presunta corrupción de parte de su gobierno.

Pero la causa de los trajes, por la que se juzgará a Camps el próximo otoño por un delito de cohecho pasivo impropio, sólo es una más de las que afectan al PP de la Comunidad. Esta es la relación de causas pendientes que deberán afrontar los aún dirigentes populares.

GÜRTEL

El caso Gürtel no son sólo los trajes que supuestamente recibió Camps de la red corrupta. Otros altos cargos del Ejecutivo están a la espera de saber si finalmente serán procesados por la supuesta financiación irregular del PP de la Comunidad en las elecciones municipales y autonómicas de 2007, y un delito de falsedad mercantil en las generales de 2008. Es decir, se está indagando si el entramado Gürtel pagó actos de campaña a los populares. Los políticos investigados son:

Vicente Rambla

Vicepresidente primero del Consell en la anterior legislatura y ahora apartado del nuevo equipo que conformó Camps, aunque sí mantiene su escaño en las Cortes s. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana le atribuye en un auto indicios de cohecho, prevaricación, falsedad documental y colaboración de un delito electoral. Fue el coordinador de campaña del PPCV en las elecciones de 2007 y 2008.

Ricardo Costa

Exsecretario general del PP de la Comunidad y primera víctima de la trama Gürtel en su ramificación valenciana. Génova le suspendió de militancia durante 12 meses y fue apartado de su cargo. Una vez pasada la tormenta, el PP le repescó y le ofreció ser el Coordinador de Economía del Grupo Popular en las Cortes. Aceptó. Ahora, el TSJ le ve como copartícipe de un posible delito electoral y además le atribuye un supuesto delito de falsedad documental. Un informe de Hacienda publicado por este diario le ve como "el canalizador de los pagos con fondos ajenos al sistema". Junto a la supuesta financiación irregular, Costa también tiene pendiente la causa de los trajes. Está acusado de haber recibido prendas de vestir y en otoño se sentará en el banquillo.

David Serra

Vicesecretario de Organización del PP de la Comunidad. El TSJ le ve en su auto como el que participaba, presuntamente, en los acuerdos para "realizar y ejecutar los pagos pendientes" de la trama.

Yolanda García

Tesorera del PP valenciano y diputada autonómica. En el auto que emitió el TSJ cuando aceptó la inhibición parcial de las actuaciones acordada por el instructor de Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, se le atribuye colaboración en un delito electoral. Ese documento apunta además que "cumplía con las indicaciones de Ricardo Costa" y que era plenamente consciente de los pagos de Orange Market.

Milagrosa Martínez

Exconsellera de Turismo, expresidenta de las Cortes y ahora alcaldesa de Novelda. Pudo haber cometido prevaricación y cohecho durante su etapa al frente de Turismo. De hecho, ese departamento fue el encargado de adjudicar durante varios años a Orange Market el stand de la Comunidad Valenciana en Fitur. En los documentos que se intervinieron a El Bigotes sale a la luz que pudo haber recibido de regalo un reloj valorado en cerca de 2.400 euros.

Rafael Betoret

Exjefe de Gabinete en la Conselleria de Turismo cuando se adjudicó el stand de la Comunidad Valenciana para Fitur a Orange Market. Está siendo investigado por prevaricación y cohecho. Betoret, ahora jefe de Protocolo en la Diputación de Valencia, será juzgado en el caso de los trajes. El miércoles firmó el escrito de conformidad en el TSJ, pero la marcha atrás que dio Camps -que en principio también iba a reconocer su culpabilidad- le deja ahora en una difícil situación, pues deberá sentarse en el banquillo habiendo reconocido que cometió el delito.

BRUGAL

Es, junto a Gürtel, el gran caso de corrupción que ha salpicado al PP de la Comunidad ya no sólo durante los últimos años, sino durante toda su historia. Todo comenzó con la adjudicación de la contrata de la basura en Orihuela y la del plan zonal de residuos de la Vega Baja. Las escuchas policiales, ordenadas hace cuatro años por la Justicia, han sacado a la luz todo tipo de presuntas irregularidades. Desde la adjudicación a dedo de las basuras, hasta dos pieza desgajadas que afectan de lleno al Plan General de Alicante, aún pendiente de ser aprobado, y a las basuras de Calp. Los principales imputados e implicados en este caso son:

Joaquín Ripoll

Ya expresidente de la Diputación Provincial de Alicante -ostentó ese mandato durante ocho años- y aún presidente provincial del PP. Está imputado por cinco graves delitos -cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de información privilegiada y actividad prohibida a funcionarios-. Se investiga si recibió como regalo dos pisos de lujo en Alicante a cambio de favores a dos empresarios en la adjudicación de la contrata de la planta de basuras de la Vega Baja. Un informe de la Unidad de Blanqueo de Capitales de la Policía reveló en abril de este año que el dirigente gastó 292.658 euros sin justificar y que desde 2008 hasta 2010, sólo sacó 20 euros de un cajero. Todo lo pagaba en metálico.

Sonia Castedo

Exconcejal de Urbanismo en Alicante, ahora alcaldesa de la ciudad y desde hace poco más de un mes diputada autonómica y, por tanto, aforada. Está implicada en Brugal en la rama que afecta al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. El nuevo planeamiento se redactó mientras ella era edil de Urbanismo y al parecer pudo haber facilitado información al empresario Enrique Ortiz. Ella misma ha reconocido que en 2008 recibió regalos suyos. Anticorrupción cree que el nuevo planeamiento alicantino se diseñó "a la medida" de Ortiz. Además, la Fiscalía apunta que la alcaldesa recibió varios viajes y un coche de la marca Mini. También apunta que el despacho de abogados en el que trabaja su hermano manejó información privilegiada respecto al futuro ordenamiento.

Luis Díaz Alperi

Exalcalde de Alicante y diputado autonómico. También aforado. En el sumario de la causa aparecen múltiples conversaciones suyas con Ortiz en las que se detecta un supuesto trato de favor y acceso a información privilegiada. A cambio, el constructor pudo haber regalado -entre otras dádivas- un viaje a Creta de dos semanas para el exalcalde y la dirigente popular Sonia Alegría. El vuelo se realizó en un jet privado.

Mónica Lorente

Exalcaldesa de Orihuela, actual portavoz del grupo municipal popular y diputada provincial. La Fiscalía Anticorrupción vio indicios de hasta cinco delitos en su actuación en relación a la actual adjudicación de la contrata de recogida de basuras en Orihuela y por la contrata directa de un servicio municipal a su hermano Jorge Lorente a través de una empresa interpuesta. Está imputada por los delitos de falsedad documental, prevaricación y malversación de caudales públicos. Estas acusaciones las hizo el fiscal a raíz de una denuncia presentada por Los Verdes de Orihuela en la que señalaban que el equipo de gobierno del PP había adjudicado las obras de reforma de una plaza de la pedanía de El Escorratel 20 días después de haberlas inaugurado.

Javier Morató

Exalcalde de Calp y ahora edil de Alternativa Popular. Está imputado en otra pieza de Brugal que afecta a la basura de ese municipio por un presunto fraude que, según la investigación policial, empezó en 1998 con la adjudicación a la mercantil de Fenoll de la planta de residuos, que se construyó en suelo protegido y continuó con "la manipulación (al alza) del pesaje de los residuos".

CASO FABRA

Carlos Fabra

Expresidente de la Diputación de Castellón. Se le achacan delitos de tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas, delitos contra la Administración Pública y fraude fiscal. Varias causas se remontan a 2003.

CASO BELLVER

Jorge Bellver

Edil de Urbanismo en el Ayuntamiento de Valencia. Imputado. La Fiscalía le denunció por prevaricación y delito contra el patrimonio por las presuntas irregularidades en la concesión de la licencia para construir, en 2004, el aparcamiento existente en el subsuelo de los Jardines de Monforte, declarados BIC.