Francisco Camps se quedó sin salidas y se vio obligado ayer a presentar su dimisión como presidente de la Generalitat. Tras la resolución del TSJ que ordenó hace cinco días su procesamiento por cohecho impropio en el caso de los trajes de Gürtel, el hasta ahora jefe del Consell -cargo en el que será relevado por el alcalde de Castellón, Alberto Fabra- trató de encontrar un resquicio para esquivar su situación judicial y seguir adelante.

Pero, finalmente, la presión de Mariano Rajoy, temeroso de que la imagen de Camps en el banquillo le pasara factura en su campaña electoral, para que buscara una solución; y la resistencia de Ricardo Costa, también involucrado en la pieza del caso Gürtel que investiga la supuesta financiación irregular del PP, para sumarse al pacto con los otres tres acusados, pagar la multa, declararse culpable, evitar el juicio y continuar en el cargo, aunque con antecedentes penales, dejaron a Camps sin aire en el salvavidas, apenas dos meses después de lograr su tercera mayoría absoluta en los comicios autonómicos del pasado 22-M.

El hasta ahora jefe del Consell, que también abandona la presidencia regional del PP y sólo mantendrá el acta de diputado para seguir aforado en el TSJ, llevaba cinco días recluído. Sin agenda pública. Desde que se conoció el auto que ordenaba su procesamiento, Camps intentaba encontrar una vía para mantenerse a flote. Y, finalmente, no la encontró. Con Federico Trillo como mediador enviado por Génova, al presidente de la Generalitat -así se lo habría trasladado directamente Rajoy por vía telefónica- sólo le quedaban dos caminos: declararse culpable para intentar "matar" el caso de los trajes y evitar así el escándalo del juicio, la alternativa a la que, finalmente sin éxito, decidió encomendarse; o presentar su renuncia para no perjudicar a Rajoy en las generales. El líder del PP no podía iniciar su carrera electoral con los focos sobre Camps y con la posibilidad de que la vista oral, prevista para otoño, se solapara con la campaña.

Pero pagar la multa y autoinculparse para evitar el juicio, como tenía prácticamente decidido el mandatario popular, requería del acuerdo del resto de acusados. Víctor Campos, el que fuera primer vicepresidente de Camps hace ahora ocho años; y Rafael Betoret, exjefe de gabinete de Turismo cuando la red Gürtel recibió sus primeras adjudicaciones del Consell para Fitur, no pusieron problemas. A primera hora de la mañana, acudieron al TSJ para firmar el acta de culpabilidad. Todo parecía cerrado. Pero Ricardo Costa, colgado al teléfono, estaba sentado en su escaño de las Cortes Valencianas, donde se debatía, con la ausencia de Camps, una moción a favor del Corredor Mediterráneo. Y se resistía a declararse culpable.

Costa está implicado, igualmente, en otra investigación ligada a Gürtel por la financiación irregular del PP. La defensa el exsecretario general del PP cree que puede salir absuelto en el caso de los trajes. ¿Por qué? Es el único que no tenía un cargo con capacidad para adjudicar contratos. Salir indemne sería un alivio para el sumario de la financiación irregular. Si se hubiera inculpado por los trajes de Gürtel, Ricardo Costa, por contra, tendría antecedentes penales y, en el caso de una hipotética condena en esta segunda causa vinculada a la red Gürtel, podría, incluso, acabar en prisión. Ricardo Costa condicionaba su decisión a una rehabilitación interna de su figura dentro del PP y, además, pedía ser el último en firmar la autoinculpación para garantizarse así que Camps también lo hacía.

Los colaboradores del jefe del Consell telefonearon al TSJ pasadas las dos de la tarde, cuando quedaba media hora para que el alto tribunal valenciano cerrara sus puertas. Llegó a abrirse un pasillo para que el coche oficial entrara en la sede judicial, atestada de fotógrafos y periodistas. Pero unos minutos más tarde, otra llamada telefónica anunció que Camps daba marcha atrás. La suerte estaba echada. Costa se resistía a autoinculparse. Y la confesión del jefe del Consell, sin la firma del resto, no valía para para nada. Apurada la solución de pagar la multa y seguir gobernando con antecedentes penales, una cruz que Camps hubiera arrastrado a lo largo de una legislatura que apenas si ha empezado, sólo le quedaba dimitir.

La máquina del PP se puso en marcha para preparar el cambio. Génova propuso a Alberto Fabra, hasta ahora candidato a la Generalitat, como sustituto frente a la opción de Paula Sánchez de León. Camps comunicó su dimisión, como es preceptivo, al presidente de las Cortes, Juan Cotino. Y a las cinco de la tarde, con el veto para las televisiones en directo, compareció para arrojar la toalla. Ante los miembros del Consell en pleno, ofreció su renuncia como un "sacrificio" para facilitar la victoria de Rajoy en las generales, dijo marcharse con mucho menos de lo que llegó y proclamó su inocencia, lo que significa que ahora, desligado de su actividad institucional, se enfrentará al juicio con jurado popular. Apenas dos horas más tarde, los 150 miembros de la Junta Directiva del PP eligieron a Alberto Fabra, que mantendrá el mismo Consell, como nuevo líder del partido y como virtual presidente del Consell. Las Cortes tramitarán hoy mismo la renuncia de Camps y el relevo se producirá durante la próxima semana. El fin de la larga agonía de Camps y un alivio para Rajoy.

Mucho pasillo y muy poco debate

Las Cortes debatían el futuro del Corredor Mediterráneo. Había, además, acuerdo entre los cuatro grupos parlamentarios -PP, PSPV, Compromís y EU- para defender la infraestructura pero, sin embargo, lo cierto es que todas las miradas apuntaban al escaño vacío de Camps, a las idas y venidas de Rita Barberá, a las largas conversaciones telefónicas que José Císcar -conseller y hombre fuerte del PP- mantenía en los pasillos y, sobre todo, a Ricardo Costa, que tenía un papel clave en la salida que pudiera tener Camps. En la tribuna, los oradores no se quedaron al margen de la actualidad, lo que provocó las iras de Juan Cotino.