Francisco Camps sigue sin dar la cara, sin agenda y se mantiene sin actividad pública desde el viernes. Tres días después del auto del magistrado José Flors que confirma su procesamiento acusado de un supuesto delito de cohecho pasivo impropio por el caso de los trajes de Gürtel, el titular de la Generalitat continúa desaparecido y sin ofrecer explicación alguna en medio de una alarmante crisis institucional, la más grave en las tres décadas de gobiernos autonómicos con un presidente a punto de sentarse en el banquillo. Con la gestión del Gobierno todavía sin arrancar y condicionada de nuevo por el caso Gürtel, la cúpula del PP mantiene la presión sobre Camps con un debate interno para que el jefe del Consell pague la multa que pide la acusación y evitar, de esa manera, el juicio que, en principio, podría celebrarse en otoño, en plena carrera de Mariano Rajoy para las próximas elecciones generales.
A pesar de que Camps renovó con amplitud su mayoría en las Cortes tras los comicios municipales y autonómicos del 22-M, tanto el Consell como la cupula regional del PP se encuentran, a día de hoy y como apuntan con preocupación dirigentes populares, en una situación similar a la que arrastraron durante los dos años anteriores a las elecciones. Es decir, maniatados y con la agenda política orientada, casi en exclusiva, a las dificultades judiciales del jefe del Consell por los efectos del caso Gürtel. Y la situación ahora es todavía más complicada. El presidente de la Generalitat se encuentra fuera de escena justo en el momento en el que la crisis económica azota con mayor virulencia a la Comunidad.
De momento y, al menos de puertas hacia fuera, no hay ningún tipo de duda en el PP de la Comunidad Valenciana sobre la continuidad de Camps. Al contrario. Con el partido ya pacificado por completo tras la caída de Joaquín Ripoll, la última china que le quedaba al jefe del Consell dentro del PP, nadie va a levantar la voz para pedir explicaciones a Camps, el primer presidente de la historia de la Generalitat que puede ser juzgado por un delito vinculado a la investigación de una trama de corrupción. "No se plantea dimitir. Ni tampoco Génova se lo va a pedir", apuntó Antonio Clemente, número dos de Camps en el PP, durante una entrevista en Punto Radio. "Los valencianos no entienden que a un presidente de la Generalitat se le pueda buscar una responsabilidad política bastante discutible, como es el cohecho impropio", aseveró Clemente.
Quizá por eso, en esta tesitura, entre los dirigentes del PP se ha abierto el debate sobre la única vía que les resta para evitar la imagen de Camps en el banquillo: pagar la multa correspondiente -la sanción que prevé el Código Penal para el cohecho impropio- y evitar la dañina fotografía del juicio con jurado popular. Sería, admiten fuentes del PP, reconocer la culpabilidad de Camps pero, al menos, alejaría al jefe del Consell del banquillo y aliviaría a Génova, preocupada por una situación que pone todos los focos sobre Rajoy, ahora que al líder nacional del PP le llega el momento de poner el piloto automático hacia La Moncloa. Camps tendría que abonar una cantidad similar a la que solicita la acusación socialista, algo más de 46.000 euros, para, de esa manera, sortear el escollo que supone que el PSPV tenga que dar conformidad a esa solución.
En opinión de los dirigentes populares consultados, esa decisión, que supondría que la Generalitat tendría un mandatario con antecedentes penales, no restaría legitimidad a Camps. "Ha logrado una mayoría aplastante hace menos de dos meses. ¿Cómo se puede hablar de falta de legitimidad?", señalaron estas mismas fuentes. En las filas populares, todos están a la expectativa de la primera comparecencia pública de Camps. La portavoz del Consell, Lola Johnson, esquivó como pudo, una vez más, la polémica, y aseguró, durante un acto institucional en Valencia, que el presidente "continúa trabajando" y que tendrá de nuevo agenda en unos días, aunque sin fijar una fecha concreta para la vuelta del jefe del Consell a la actividad. La consellera, en todo caso, volvió a reiterar la tesis que ya marcó el pasado viernes durante su comparecencia posterior a la convocatoria del Consell. El Ejecutivo autonómico no comparte el contenido del auto que ordena el procesamiento de Camps.
El titular de la Generalitat se mantiene al margen de la trifulca que envuelve la agenda política valenciana y el PP, incluso, intenta evitar que tenga que comparecer en las Cortes Valencianas para dar explicaciones sobre la grave crisis institucional del Consell, como consecuencia de su procesamiento por el caso de los trajes de Gürtel. Tras conocerse la resolución judicial, el síndic socialista en las Cortes, Jorge Alarte, pidió la comparecencia de Camps en el hemiciclo. Mañana, en principio, se celebrará el último pleno del periodo de sesiones -la actividad quedará suspendida hasta septiembre- sin que la Mesa de las Cortes, controlada por el PP, esté dispuesta a abordar el asunto.
la reacción de génova
Silencio de Rajoy y De Cospedal a la espera de que Camps hable
En Génova, de momento, no se plantean tomar medidas contra Camps. En cualquier caso, sí existe expectación sobre la primera comparecencia que realice el jefe del Consell para hablar sobre la decisión del magistrado José Flors de juzgarle por el caso de los trajes de Gürtel. En Madrid, siempre han pedido a Camps la máxima transparencia a la horade abordar el tema. Rajoy, que mantuvo ayer un encuentro en Pontevedra, se mantuvo en silencio por segundo día consecutivo sobre este asunto. Tampoco contestó a las preguntas María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP. El secretario de Economía de los populares, Cristóbal Montoró, tildó de "percance" y "contratiempo" el juicio contra Camps, que, por contra, sí encontró el apoyo total de Alicia Sánchez Camacho, presidenta popular en Cataluña. Para el portavoz de Asuntos Exteriores del PP, Gustavo de Arístegui, el titular de la Generalitat está sometido a una "persecución" y consideró más grave el caso Faisán que Gürtel. redacciÓN
