Camps será juzgado por cohecho impropio en un juicio con jurado

Dos años y medio después de la operación dirigida por Baltasar Garzón para desmantelar la red corrupta que dirigía Francisco Correa con Álvaro Pérez -El Bigotes- como delegado en Valencia, el magistrado José Flors -instructor del sumario de los trajes, la primera de las piezas vinculada a la trama que llega a juicio- dictó ayer un auto en el que ordena juzgar en una vista con jurado popular a Camps; Ricardo Costa, diputado del PP; Víctor Camps, ex número dos del Consell; y Rafael Betoret, un ex alto cargo de Turismo, por haber recibido como "dádiva" y en varias ocasiones prendas de ropa con las que la trama Gürtel les "agasajaba" para intentar ver "favorecidos" sus intereses económicos.

Camps se convertirá así en el primer presidente de la historia de la Generalitat que acaba juzgado. Y en el segundo mandatario autonómico de toda España que se enfrenta, en ejercicio del cargo, a una posible condena por una causa vinculada a una investigación por corrupción, después del cántabro Juan Hormaechea, condenado en la década de los 90 por malversación y prevaricación.

El vasco Juan José Ibarretxe fue juzgado en 2007 y, posteriormente, absuelto pero por un delito de desobediencia. La resolución judicial de José Flors, por su enorme trascendencia, vuelve a poner en cuarentena el futuro político del presidente de la Generalitat; desestabiliza al PP con un juicio contra Camps que podría celebrarse en otoño, en plena carrera de Mariano Rajoy a La Moncloa; y reorienta de nuevo la agenda política valenciana del Consell hacia el caso Gürtel, en un momento especialmente delicado con un Ejecutivo que acaba de arrancar su mandato y con la crisis azotando a la economía valenciana.

Aunque en las filas del PP se daba por descontada la apertura de juicio oral contra Camps, el titular de la Generalitat conoció el auto mientras se celebraba la sesión semanal del Consell y casi a la vez que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJ) daba cuenta de la decisión del juez José Flors a través de su cuenta de la red social "Twitter".

La resolución del magistrado, que es firme y no se puede recurrir, considera "justiciable" que los cuatro procesados aceptaron como "dádivas" las prendas de ropa "a sabiendas" de que sería Pablo Crespo -ex dirigente del PP en Galicia y número dos de la trama corrupta- el que asumiría el coste a través de una cuenta abierta en dos tiendas de ropa de Madrid a nombre de Álvaro Pérez, responsable de Orange Market, una sociedad que recibió durante el último lustro decenas de adjudicaciones de la Generalitat -incluidas las jugosas contratas de los estands para varias ferias turísticas- y que organizaba, casi en exclusiva, todos los actos de la dirección regional del PP.

El auto rechaza equiparar los regalos que recibió Camps de la trama Gürtel con los presentes que, señala, la sociedad entiende como "inocuos y admisibles". Más allá de la simple cortesía, constata el juez, en último extremo los dirigentes de la red, con El Bigotes como representante en la Comunidad y Pablo Crespo como la persona que saldaba el coste de los regalos para los dirigentes del PP, tenían "importantes intereses económicos en sus relaciones" con la Generalitat y la cúpula regional de los populares.

"No es necesario razonar mucho para entender que el hecho de poder contar con la complacencia y el favor nada menos que del presidente y el vicepresidente -alude el auto a Camps y a Víctor Campos- de una Comunidad Autónoma, a quienes se agasaja, puede ser de una influencia determinante", señala Flors que, además, impone una fianza a los acusados. En el caso del jefe del Consell, tendrá que aportar 55.000 euros, la pena de multa que solicita la Fiscalía más un tercio. Si no dispone de líquido suficiente para afrontarla, será embargado.

A Camps, sin agenda durante la jornada de ayer y que ha cancelado todos los actos para el fin de semana, la situación le preocupa. "Contento no está", reconoció Rita Barberá durante un encuentro con periodistas en Valencia. Nada más conocer la resolución judicial que le sienta en el banquillo, Camps telefoneó a Mariano Rajoy, líder nacional del PP; a Barberá, junto a Juan Cotino, su gran mentora política; y a Federico Trillo, diputado por Alicante y responsable judicial del PP. Después de la sesión del Consell, Camps desapareció de la escena. "Abandonó la reunión casi al acabar", dijo Lola Johnson, portavoz del Gobierno.

Con el presidente fuera de cámara, tanto la Generalitat como la dirección regional del PP marcaron las líneas de la trinchera de defensa de Camps. En privado, los dirigentes populares reiteran que nada ha cambiado: en caso de condena, el titular de la Generalitat pagará la multa y seguirá en el Palau. De puertas hacia fuera, el Consell, a través de su portavoz, dejó claro que, a su juicio, los votos obtenidos por el PP en los comicios del 22-M son un aval popular que le garantiza, al margen de decisiones judiciales, la continuidad. La dirección regional del PP se movilizó en defensa del jefe del Consell y abrió en su web oficial un libro de respaldo a Camps. Se enviaron miles de "sms" a afiliados y altos cargos del PP colgaron mensajes en redes sociales para tratar de reunir adhesiones.

Finalmente, el PP de la Comunidad sacó a la palestra a una avalancha de cargos públicos, con los tres alcaldes de las capitales de provincia a la cabeza, para exculpar a Camps y proclamar su inocencia. La propia Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, ofreció su apoyo incondicional al jefe del Consell. Y Rita Barberá se puso como "parapeto" para evitar que cargos del PP tengan la tentación de atacar a Camps.

"Hay muchísima gente que le ha apoyado mayoritariamente hace un mes" y otra, señaló, que "tiene unas ganas tremendas de tirarlo". "No voy a tirar a Camps", aseveró la primera edil de Valencia. "Comprendo que hay gente que quiere que se vaya, pero yo no y la mayoría de valencianos tampoco", sentenció antes de pedir "tranquilidad" para "leer el auto, esperar que el presidente reflexione y tome decisiones". Camps tiene la palabra.

Génova no prevé tomar medidas contra Camps pero mantiene un clamoroso silencio

En Génova, al menos de forma inmediata, no prevén tomar medidas contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Confían en una resolución favorable del juicio contra el jefe del Consell, a celebrar, previsiblemente, en otoño con la carrera para las elecciones generales completamente lanzada. Sin embargo, Mariano Rajoy evitó mover ficha.

Ni un sólo dirigente de la dirección nacional del PP salió a la palestra para defender a Camps. Y los que fueron preguntados -Javier Arenas y Jaime Mayor Oreja- evitaron hablar. Todo ello a pesar de que Ferraz y el Gobierno -a través del ministro José Blanco- si emplazaron a Rajoy a pronunciarse. Alfredo Pérez Rubalcaba, candidato del PSOE, adelantó que no usará el tema políticamente.