Un juzgado de Alicante ha condenado a la Conselleria de Educación por discriminar a una maestra invidente en un colegio de Alicante y la obliga a restituirla en sus derechos, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. La dirección del centro la había apartado de sus responsabilidades después de que hubiera sido agredida en una pelea entre dos escolares y se considerara que la docente no podía responsabilizarse de los menores, quitándole las tutorías. El fallo de un juzgado de lo Contencioso de Alicante considera que en el colegio se produjeron ese mismo año otros siete incidentes más de mayor gravedad en los que se vieron afectados otros docentes -sin discapacidad alguna- y, sin embargo, no se adoptó ninguna medida contra ellos.
Carmen Soler Ausina sólo pudo impartir clases un día del pasado curso escolar. Llegó desde Valencia al colegio público Santísima Faz para ponerse al frente de una de las unidades de segundo de Primaria, a través del turno de reservas para discapacitados, grupo al que accedió tras aprobar su oposición debido a su minusvalía visual. Sin embargo, ya en la primera jornada escolar, el equipo directivo decidió relegarla a colaborar con los profesores de las clases de apoyo, ya que, según argumentaron, Soler no podía responsabilizarse de los alumnos al haber sido agredida en una pelea entre dos escolares. La pelea tuvo lugar el 9 de septiembre y la docente resultó agredida mientras trataba de separar a dos de las alumnas. Para el juez el incidente fue nimio y la propia profesora no quiso interponer denuncia por los hechos.
En el mes de octubre, cansada -según subrayó- de la indiferencia de los responsables del centro hacia su trabajo, Soler exigió (a través de su abogado) por escrito que se le repusiera su derecho fundamental, es decir, impartir clases en igualdad de condiciones que el resto. Una petición que su letrado solicitó a la Dirección Territorial de Alicante. Un mes más tarde, esta demanda se presentó ante la Conselleria de Educación, aunque ninguna de las peticiones recibió respuesta de la Generalitat. En este punto, Soler decidió demandar al centro donde trabajó hasta hace unas semanas y al Consell, sentencia que ganó el pasado 2 de junio y en la que consta que "la Conselleria de Educación ha vulnerado el derecho fundamental de Igualdad ante la Ley y al acceso y ejercicio de funciones públicas en condiciones de igualdad".
Sin prácticas
No obstante, y pesar del fallo judicial, la comisión evaluadora de Educación ha decidido suspender las prácticas de esta maestra, aún sin haberle podido ofrecer la posibilidad de demostrar su valía con los alumnos: "¿Cómo van a saber si puedo aprobar las prácticas si me he dedicado a hacer fotocopias todo este curso?", expuso.
"Nadie me ha regalado nada, he aprobado mi oposición y no pedí venir a Alicante y trabajar en un colegio, fue una decisión de la Administración", aseguró la docente, quien, además, subrayó que "si no quieren que esté con niños, que no me los den". Soler entiende que al principio resulta sorprendente que una persona ciega se haga cargo de un curso de Primaria, y justamente por ello, desde un principio, la maestra solicitó adaptación al puesto de trabajo, una demanda que nunca fue atendida. El centro justifica el hecho de haber relegado a Soler, entre otros motivos, a la falta de un informe médico que confirme la compatibilidad del puesto de trabajo, documento que la trabajadora y su abogado presentaron hasta en tres ocasiones.
"Lo importante del caso es que no sólo se ha vulnerado un derecho fundamental, sino que, además, la Administración continúa perjudicando a esta maestra suspendiendo sus prácticas aunque en ningún momento planteó la posibilidad de su integración", afirmó el representante jurídico de Soler, Jose Luis Romero, quien añadió que "ello sucede pese a que el artículo 49 de la Constitución obliga a los poderes públicos a favorecer la integración de los discapacitados".
La funcionaria no tiene plaza el próximo curso
En estos momentos, la profesora aún no tiene plaza asignada para el próximo curso. En el último concurso de traslados convocado por Ministerio de Educación, el puesto que le correspondió fue el de La Aparecida en Orihuela. Decisión tomada a pesar de un informe del servicio de prevención de riesgos laborales recomendando que el puesto asignado fuera cercano a su domicilio. Y Carmen Soler vive en Valencia. De todos modos, la Conselleria de Educación ha suspendido este traslado porque no ha dado por superadas las prácticas de la docente. El abogado José Luis Romero se lamentó de que aún no tienen a ningún interlocutor en la Conselleria. "Todo son recursos que nadie contesta", aseguró. J. A. M.
