La Unidad de Blanqueo de Capitales, dependiente de la Policía Nacional, busca en una entidad de ahorro una cuenta que supuestamente compartirían el todavía presidente de la Diputación, Joaquín Ripoll, y el empresario Enrique Ortiz pero que, sin embargo, la caja en la que estaría registrada esa libreta certifica en documento oficial que no existe, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico. En un auto de la pasada semana, el magistrado Carlos San Martín, instructor en Orihuela de la pieza del caso Brugal vinculada al supuesto trato de favor en la adjudicación del plan de basuras de la Vega Baja, autoriza, entre otras diligencias, que se expida un oficio a Ruralcaja -la entidad que albergaría esa supuesta cuenta- para acceder a la información. La Policía realizó la gestión el pasado viernes a pesar de que hasta ayer las partes no tuvieron acceso al contenido del auto, lo que provocó el malestar de las defensas.

La resolución del juez de Orihuela viene a confirmar un auto del pasado mes de diciembre en el que ya se daba el visto bueno a las diligencias, que se habrían retrasado hasta ahora como consecuencia de los recursos presentados, entre otros, por los abogados de Joaquín Ripoll, presidente provincial del PP y responsable de la Diputación durante los últimos ocho años. El auto señala que la Unidad de Inteligencia Financiera habría puesto en conocimiento de la UDEF -un cuerpo de élite de la policía especializado en delitos fiscales- la existencia de una supuesta cuenta compartida por Enrique Ortiz, su hermano Virgilio y el propio Joaquín Ripoll.

El documento alude a esa situación, señala, "desconocida" hasta ahora como, poco más o menos, la prueba del nueve de la relación entre Ripoll y Ortiz que, según la Policía, buscaba el favor del presidente de la Diputación para beneficiarse en la concesión de las basuras de la Vega Baja, competencia de la institución provincial. "Debe esclarecerse este extremo, pues hay que verificar desde cuándo el Sr. Ripoll Serrano es autorizado en la cuenta, qué tipo de movimientos se han hecho con su firma y si de los mismos, caso de hacerlos, se pudo obtener un aprovechamiento económico. Y, como cabe deducir, si con ello el Sr. Ripoll Serrano tiene una vinculación estrecha con la mercantil Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras SA, hasta ahora desconocida", apunta el auto del magistrado de Orihuela, que ordena expedir el mandamiento para acceder a la información.

Pero la libreta, sin embargo, en la formulación que la Policía apunta, no existe. Efectivamente, Enrique Ortiz dispone de una cuenta corriente en Ruralcaja en la que, sin embargo, ni ahora ni nunca ha figurado como autorizado Joaquín Ripoll. Nada más conocer el contenido del auto, de hecho, la defensa del presidente de la Diputación, que dirige el letrado Bernardo del Rosal, solicitó ayer a la mencionada entidad de ahorro un certificado sobre la condición de cliente de Joaquín Ripoll.

La caja, en un documento fechado ayer mismo, evidencia que la citada libreta sobre la que la Policía mantiene abierta una línea de investigación no existe. "Que D. José Joaquín Ripoll Serrano (...) no consta como titular ni autorizado de ninguna cuenta de esta entidad, salvo de apoderado en una cuenta de la Excma. Diputación Provincial de Alicante", señala en alusión a una línea de crédito que la institución mantiene con la mencionada caja. La defensa de Ortiz, incluso, también rechaza que los hechos relacionados con esta cuenta que estaría compartida por el empresario y el presidente de la Diputación sean reales. Son falsos, apuntaron fuentes de la defensa del constructor que, además, piensa remitir un escrito al magistrado para poner en su conocimiento esta circunstancia.

OTRAS DILIGENCIAS

Abonos de pagarés y peticiones para otras dos mercantiles

En ese mismo auto, el magistrado también autoriza otras diligencias dirigidas, según la petición de la Policía, a esclarecer el nivel de vida de Ripoll y su familia. Están relacionadas con el cobro durante el periodo que va entre octubre de 2008 y abril de 2010 de una serie de cheques y pagares por valor de 100.000 euros que habrían salido de una cuenta que Ripoll y su esposa Margarita de la Vega tienen en una sucursal del Banco Guipuzcoano. Además, también se han remitido dos oficios. Uno a la mercantil Publiasa sobre la celebración de una fiesta de cumpleaños de De la Vega. Y otro a un concesionario referido a la propiedad de un vehículo de alta gama que, por cierto, le fue robado a Ripoll el pasado sábado. La defensa del dirigente del PP cree que los plazos de tiempo exceden del periodo que se investiga. P. r. f.