Un nuevo caso de corrupción ha salpicado al Ayuntamiento de Alicante. Uno de sus empleados, un ingeniero técnico de obras públicas destinado en el área de Atención Urbana, fue detenido ayer por la Policía Nacional junto a dos responsables de otras tantas empresas de construcción con los que supuestamente llegaba a acuerdos para la adjudicación de obras de la primera fase del plan E ideado por el Gobierno como medida de choque contra la crisis.
Entre las actuaciones de este plan que fueron informadas por el técnico detenido se encuentra la pavimentación parcial de la Explanada, la renovación de la plaza de la Montañeta o la mediana de la avenida de Villajoyosa.
Los arrestados, a los que se les imputan los delitos de malversación y cohecho, se ha acogido a su derecho a no declarar ante los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Madrid y Alicante y han pasado la noche en los calabozos de la Comisaría Provincial, desde donde hoy serán puestos a disposición judicial.
El juzgado del Instrucción número dos de Alicante, que lleva investigando el caso desde el año pasado, entregó ayer un escrito a la secretaria del concejal de Atención Urbana, Andrés Llorens, en el que requiere al Ayuntamiento que le entregue los certificados de las obras adjudicadas desde enero de 2006 y con independencia de su cuantía a las mercantiles Becsa (antigua Lubasa) y Civil de Construcción, Mantenimiento y Servicios S.L (CCMS), cuyas sedes fueron registradas ayer, además de arrestados sus responsables.
En concreto, el juez se interesa por las obras de explanación de un solar en la zona del Garbinet y por el acondicionamiento de una rampa para minusválidos en un pasaje de la calle Eduardo Torroja.
El magistrado quiere conocer también la relación de "todas las obras o servicios en los que haya informado, en cualquier fase, José L. M. (el técnico detenido) indicando el tipo de procedimiento, su participación en éste, la mercantil adjudicataria y las subcontratas", y que se identifique a todos los usuarios en el área de Atención Urbana de determinados programas informáticos.
Tanto esta actuación en el Ayuntamiento como los registros en las dos mercantiles tuvieron lugar durante la mañana de ayer. Mientras el funcionario fue detenido en su domicilio, donde también se llevó a cabo un registro, el responsable de Becsa en Alicante, Juan Manuel V. T., fue conducido a Comisaría pasadas las 15.30 horas de ayer por los mimos agentes del Cuerpo Nacional de Policía que estuvieron en la sede que la empresa tiene en la céntrica avenida de Alfonso el Sabio desde poco antes de las 13 horas.
Para entonces, ya se encontraba en dependencias policiales Javier A. M., propietario de la otra mercantil investigada: CCMS, cuyas instalaciones se encuentran en el polígono de Rabasa.
En los registros realizados en presencia de la secretaria del juzgado de guardia, la Policía intervino documentación en soporte informático y en papel con el fin de analizarla para verificar las presuntas irregularidades que se investigan en el juzgado desde 2010.
La negativa de los tres detenidos a prestar declaración ayer por la tarde ante los agentes presumiblemente obedece a la falta de datos sobre las acusaciones que hay contra ellos, ya que las diligencias previas se encuentran bajo secreto de sumario, una medida que será levantada en breve.
Denuncia del PSOE
Los hechos que han dado lugar a esta actuación judicial fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción hace tres años por la entonces concejala socialista en la oposición Carmen Sánchez Brugal, entre cuyas funciones figuraba el control del área de Atención Urbana. La edil habría tenido conocimiento de estos hechos a través de una denuncia anónima y, tras hacer un seguimiento de lo allí recogido, comunicó sus sospechas al fiscal Felipe Briones, quien a su vez remitió el asunto al juzgado para que se investigara.
Según ha podido saber este diario, el funcionario detenido, a cambio de prebendas, habría firmado como propios proyectos municipales redactados en realidad por los empresarios ahora arrestados que después optaban a hacer esas obras y que, con este método, se garantizaban una adjudicación a medida.
Fuentes del caso apuntaron la posibilidad de que el número de implicados pudiera ampliarse a más personas tanto de fuera del Ayuntamiento como del área que dirige Víctor López, el jefe técnico de la concejalía de Andrés Llorens que ha sido imputado en varias ocasiones en relación a contratas municipales.
Una de las firmas está ligada a los casos Gürtel y Terra Mítica
Becsa, una de las mercantiles investigadas, es una filial de la antigua Lubasa, hoy rebautizada como Durantia, una empresa que ha aparecido en otros sumarios de corrupción: el caso Gürtel y la supuesta trama de facturas falsas del parque temático de Benidorm, Terra Mítica.
En el sumario de Gürtel, la Policía señala a la antigua Lubasa como una de las constructoras que financió ilegalmente al Partido Popular en la Comunidad Valenciana. La mercantil ha negado las acusaciones. Asimismo, la empresa también fue investigada como una de las que presuntamente pudo emitir facturas falsas por trabajos ficticios en el entorno del parque temático de Benidorm. Aunque la causa sigue abierta podría ser archivada al haberse anulado parte de las investigaciones.
J.A.M.
