Todo cambió para Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación y máximo dirigente provincial del PP, hace hoy justo un año. A primera hora de la mañana, decenas de efectivos policiales ocuparon el Palacio Provincial y detuvieron a Ripoll en una operación vinculada a una de las piezas de la operación Brugal que investiga supuestas irregularidades en la adjudicación del plan de basuras de la Vega Baja y en la que también fueron arrestados, entre otros, los empresarios Ángel Fenoll, Enrique Ortiz y Rafael Gregory que, según la Policía, habría actuado como intermediario. Hasta entonces, Ripoll el único líder territorial del PP en la Comunidad capaz de plantar cara a Francisco Camps, enredado desde febrero de 2009 en el caso Gürtel lo que había limitado poco a poco la influencia que había conseguido desplegar sobre Rajoy.

Los agentes registraron el domicilio particular de Ripoll, su despacho en el Palacio Provincial y requisaron el expediente de la contrata investigada. Fue el principio del fin. El punto de inflexión que alentó al campismo alicantino, al que Joaquín Ripoll había logrado contener con éxito desde 2003, a estrechar el cerc0 al presidente de la Diputación, estrategia que culminará ahora con su relevo en la institución, a concretar dentro de una semana con la elección de Luisa Pastor, alcaldesa de Sant Vicent del Raspeig. Desde el registro de la Diputación, Ripoll perdió la iniciativa política. Ya apenas alzaba la voz frente a Francisco Camps. Lo que antes era reivindicación frente a Valencia ahora eran paños calientes. Quedó a remolque de los acontecimientos con la única esperanza de que Madrid mediara para salvarle, algo que, paradójicamente, le terminó por hundir.

Atenazado por las circunstancias, el titular de la Diputación se mostró incapaz de continuar moviendo a sus peones frente al campismo. Al contrario. Todas las noticias, a partir de ese momento, fueron negativas. El juez le imputó por cinco graves delitos, entre ellos, cohecho y tráfico de influencias. Los detalles del sumario y de los informes policiales que se fueron conociendo poco a poco n0 sólo acabaron de cargar de razones a los campistas sino que, incluso, alimentaron la incertidumbre entre algunos de los que durante los últimos años se habían mantenido a su lado. Sus visitas al yate de Enrique Ortiz, que el propio Ripoll admitió; las supuestas dádivas -dos pisos por valor de un millón de euros- que habría recibido a cambio de la adjudicación, algo que el titular de la Diputación siempre rechazó; los detalles sobre su ritmo de vida con gastos sin justificar por cerca de 300.000 euros... La fortaleza que Ripoll aparentaba frente a Camps hasta que estalló el caso Brugal se diluyó, con el paso de los meses, como un azucarillo.

No tuvo la suficiente fuerza para provocar la intervención de la dirección nacional del PP en la elección de los candidatos en los grandes municipios de la provincia lo que, por ejemplo, fue el detonante de la marcha de Gema Amor, hasta entonces presidenta de los populares en Benidorm y uno de los principales apoyos de Ripoll en las filas populares. Camps fue asfixiando al presidente de la Diputación. El jefe del Consell apuntaló su mayoría frente a Ripoll en las listas electorales de las principales localidades y le dejó, pese a las maniobras de los ripollistas en Madrid, sin presencia en la candidatura a las Cortes. El todavía mandatario del PP sólo logró aguantar el pulso de Castedo y resistió como número dos de la lista popular de Alicante. Engordar para morir. El pulso quedaba aplazado hasta después del 22-M. Las derrotas electorales de sus afines en los grandes feudos que Ripoll controlaba -Mónica Lorente en Orihuela, cuyo ayuntamiento también se registró el mismo día que la Diputación; Celia Lledó en Orihuela; y Jorge Sedano en Alcoy- fueron la puntilla. El ripollismo quedó reducido a escombros. El salvavidas se quedó sin aire y Ripoll ya no pudo mantenerse a flote. Sólo Mónica Lorente salvará el escaño por los pelos con otros tres afines. No tendrán ya ningún margen de maniobra.