Un año después de los registros en la Diputación, la investigación del caso Brugal está a expensas de que se clarifique la validez de las escuchas policiales en las que se basa la investigación. Las peticiones de las defensas para anular estas polémicas intervenciones han marcado la marcha de las diligencias y poco se ha podido avanzar este año.

La primera gran novedad judicial del caso llegó cuando el juez acordaba levantar el secreto del sumario, así como dividir la causa en una veintena de piezas separadas. El objetivo era que se investigaran en sus respectivos juzgados asuntos que no tenían nada que ver con los supuestos sobornos en la contrata de las basuras de Orihuela. El juez San Martín intentó sacar de su juzgado todo lo referido al Plan Zonal de la Vega Baja, precisamente la parte de la investigación que afectaba a la Diputación, y remitirlo a Alicante, pero desde este partido judicial se rechazó la competencia y se devolvió a Orihuela. Esta decisión fue foco de roces con la Fiscalía que defendía la unidad de ambas investigaciones. Los errores del juzgado entregando a los abogados parte del sumario que aún eran secretas acrecentaron esta brecha.

Pronto empezaron a conocerse alguna de las piezas separadas del caso, la más importante de ellas la que investigaba presuntas filtraciones de información privilegiada a Enrique Ortiz del futuro PGOU de Alicante, a cambio de dádivas. Los imputados han empezado este mes a declarar ante el juez.

La primera pieza en archivarse fue la presunta compra de un partido por parte del Hércules para subir a Primera División, porque entonces no era delito. Otra de las ramas sobreseídas fue la que afectaba al anterior conseller de Hacienda Gerardo Camps, donde ni el juez ni la Audiencia vio indicios de delito en los hechos denunciados.

Entre tanto, la mayoría de los imputados que eran llamados a declarar ante el juzgado de Orihuela por la trama de las basuras se acogían a su derecho a no declarar hasta que se resolviera la nulidad de las escuchas. La instrucción dio un giro radical cuando el propio juez de Orihuela dictó un auto ante la avalancha de recursos presentados tras el levantamiento del secreto del sumario aceptando anular parte de las escuchas por falta de motivación judicial. La Audiencia Provincial debe estudiar ahora si valida o no las escuchas.