El estado agónico por el que atraviesan las arcas de la Generalitat desde hace más de un año está rompiendo todos los límites. Hasta el punto de que ya son varias las entidades bancarias que han cortado el grifo al Consell, al que no dan más crédito para poder abonar las facturas que adeuda. Una expresión más de la crisis de liquidez que empuja al abismo a muchos proveedores, empresas privadas y autónomos que han visto cómo algunas entidades bancarias se niegan a adelantarles los abonos de fondos que les adeuda la Generalitat Valenciana aceptando a cambio facturas endosadas por los contratistas.
Según la documentación que obra en poder de este diario, entidades como el Banc de Sabadell han comunicado a empresarios del sector de la construcción que la "línea de crédito para el mencionado deudor ha sido anulada". El deudor es la "Generalitat Valenciana, con CIF S4611001A". Al menos otras dos entidades, un banco y una caja, han actuado de forma similar en ese tipo de pólizas de crédito, según testimonios empresariales. Como se recordará, en sus informes trimestrales, el Banco de España viene alertando de la crítica situación financiera de la Generalitat, que es la segunda autonomía con mayor volumen de deuda absoluta y la primera en relación al Producto Interior Bruto.
El cierre del crédito a la Generalitat, de la que ya no se fían, supone un contratiempo para quienes encontraban oxigeno en estas clásicas operaciones consistentes en ceder al banco la factura, ceder el derecho de cobro, a cambio de tener liquidez, aunque sea con la llamada tasa de descuento, esto es, un interés que la entidad financiera carga al proveedor del Consell a cambio de asumir el retraso de la Administración en sus pagos. El interés que se cobra siempre está vinculado al plazo de pago, de forma que si la Generalitat se retrasa más de la cuenta en el abono, quien finalmente sufre el perjuicio es el proveedor.
Fuentes del Consell explicaron que estas pólizas de crédito se negocian con los bancos en la primera quincena de enero. El banco fija unas cantidades tope disponibles que irá adelantando para que la Administración autonómica pueda hacer frente a los pagos a corto plazo y vencer los retrasos que se producen en los ingresos que se reciben del Estado o la mermas de ingresos que desde que estalló la crisis.
Imparable déficit de caja
Este diario contactó ayer con un portavoz de la Conselleria de Hacienda, que no dio ninguna explicación sobre la anulación de estas líneas de crédito. La situación raquítica de la caja pública ha encendido todas las alarmas. Los funcionarios del Servef o de Sanidad han visto como el abono de su nómina de junio y la extra se ha retrasado, como ha contado este diario. La liquidación de cuentas de 2010 ya dejó en evidencia la crisis de liquidez al revelar que el gasto realizado ese año y pendiente de pago alcanzaba la cifra de 3.036, un récord histórico. Una cantidad que se adeudaba básicamente a proveedores, empresas privadas, instituciones locales u organismos públicos.
En esas circunstancias y con un déficit de caja (diferencia neta entre cobros y pagos) que superaba en mayo los 221 millones, el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, ha pedido que el Gobierno obligue por ley a las comunidades a reconocer la deuda a proveedores cuando se autorice la operación para evitar que el retraso en aceptar la factura sirva de treta para demorar los pagos. Un deseo que aquí suena a ciencia ficción. A finales de mes, para enredar más la situación, el Consejo de Política Fiscal y Financiera pondrá unos exigentes techos de gasto a las autonomías para tratar de frenar la sangría de las arcas públicas en las comunidades.
En esta tesitura, el PSPV exigirá al Consell un plan "urgente" de tesorería para garantizar el pago de las nóminas de los funcionarios dentro del calendario comprometido a principios de año por el propio Ejecutivo. El portavoz socialista de Economía en las Corts, Julián López Milla, junto con el responsable de Función Pública, Rafael Rubio, anunciaron ayer una proposición no de ley, así como una batería de preguntas al Consell, para saber "cuál es el retraso que se ha producido en el pago de las nóminas de los trabajadores de la Generalitat" y si está "en condiciones de garantizar el abono" en el calendario prometido antes del próximo 22-M.
López expresó su "preocupación" por los "retrasos", que a su juicio "pueden afectar negativamente a la recuperación de la Comunidad Valenciana, en tanto que los empleados públicos son también consumidores" e instó al Consell a que, "si no es capaz de asumir los compromisos, que diga en qué medida quiere cambiar el plan de pagos". Rubio emplazó al conseller de Economía, Enrique Verdeguer, a que "tranquilice a los trabajadores de la Administración asegurándoles que van a cobrar en tiempo y forma". Los socialistas, durante la campaña electoral, anunciaron la puesta en marcha de un plan de choque para hacer frente al pago de los proveedores en las primeras semanas de su mandato con el único límite de no tocar las asignaciones para poder cubrir los servicios públicos básicos.
La Generalitat toma medidas para evaluar a sus altos cargos
La Generalitat creará un contrato-programa para controlar y evaluar a sus altos cargos. En el documento se incluirán los objetivos políticos de cada responsable de la administración autonómica y un modo de evaluación para controlar el grado de seguimiento en los compromisos de cada departamento. Lola Johnson, portavoz del Gobierno valenciano, afirmó que esta medida trata de "mejorar la eficiencia de la administración y la transparencia en la gestión pública". De este modo, se cumplen las medidas anunciadas por Camps para garantizar la eficacia, eficiencia y austeridad. Con este contrato-programa, el Consell pretende reducir el gasto en la administración, modernizar y simplificar la normativa autonómica y reorganizar el sector público. Aún están por concretar las sanciones pertinentes en caso de incumplimiento. efe / Europa press
El Consell se niega a revelar la factura de la F-1
La nueva portavoz del Consell, Lola Johnson, se negó a facilitar ayer la cantidad que abona anualmente la Generalitat para acoger el Gran Premio de Europa de Fórmula Uno que se celebra en Valencia. "El contrato sigue siendo el que es", se limitó a responder al ser cuestionada al respecto. Durante su intervención ante los medios para detallar los acuerdos adoptados en el pleno del Consell, Johnson tampoco quiso aclarar si el Gobierno valenciano está negociando la prórroga del contrato con el patrón de la F-1. El PSPV, por su lado, emplazó a Johnson a hacer públicos los datos para que se sepa "cuánto cuesta" la prueba. REDACCIÓN
Denuncias sindicales por el gasto de personal
Intersindical Valenciana amenazó ayer con tomar las acciones "administrativas y judiciales" contra los responsables de personal de las distintas consellerias que "maliciosamente" utilicen sus potestades para "recolocar a las personas afines en empresas públicas, organismos autónomos o fundaciones dependientes de la Generalitat". En un comunicado, el sindicato señaló que el personal "que ha accedido a su puesto con pleno respeto a los derechos constitucionales de igualdad, mérito y capacidad no debe pagar la mala gestión y la resaca de los días de vino y rosas de la gestión popular". Europa PRESS
Mónica Oltra alerta sobre recortes en Sanidad
La portavoz adjunta de Compromís (Bloc-Iniciativa-Els Verds), Mónica Oltra, reclamó ayer al nuevo conseller de Sanidad, Luis Rosado, que realice una "correcta planificación" de los servicios sanitarios de verano en hospitales y centros de salud "para que no se repita la situación de caos en el Servicio Valenciano de Salud que hemos sufrido en los últimos años". La diputada emplazó al conseller a no aplicar recortes durante el periodo estival pese a "la mala situación económica de la Generalitat por la nefasta gestión de Camps". Europa PRESS
