En el juzgado de Orihuela donde se inició. Ahí es donde se va a seguir instruyendo la causa de la operación Brugal que pretende indagar si se cometió un fraude en la adjudicación del plan zonal de residuos de la Vega Baja al constructor Enrique Ortiz, un asunto en el que están imputados, entre otros y además del empresario, el expresidente de la Diputación (quien supuestamente habría mediado a favor de Ortiz en este proyecto a cambio, según el informe policial, de dos pisos valorados en un millón de euros), el también empresario oriolano Ángel Fenoll (propietario del terreno en el que presuntamente se pretendía instalar la planta, cuyas obras no han comenzado tres años después de la adjudicación) y Rafael Gregory, el nexo entre todos ellos a tenor de las escuchas telefónicas algunas de las cuales han sido ahora anuladas por el juez que instruye el caso, Carlos San Martín.
Fue este magistrado quien planteó inicialmente un conflicto de competencias, cuya resolución será notificada hoy a las partes, al inhibirse a favor de Alicante aduciendo que la adjudicación del plan zonal se produjo en el edificio de la Diputación, ubicado en esta ciudad. Sin embargo, el juez de Alicante entendió que tenía que seguir siendo Orihuela quien instruyera este proceso y así lo admitió en último término San Martín.
Contra esta resolución presentaron recurso los representantes legales del presidente de la Diputación, quienes apoyaban la tesis de que el asunto tenía que ser investigado por un juez de Alicante por el lugar donde se votó la contrata, postura que chocaba frontalmente con la esgrimida por el fiscal Felipe Briones, quien se decantaba por Orihuela por cuanto allí se habría materializado el resultado del presunto fraude.
Ante la disparidad de criterios, la sala séptima de la Audiencia Provincial con sede en Elche, de la que dependen los juzgados de Orihuela, ha tenido que tomar una determinación que parece inclinarse por la tesis del fiscal, lo que implica desestimar el recurso presentado por los abogados de Ripoll. Dado que contra esta decisión no caben más apelaciones, la investigación de este asunto seguirá en el mismo juzgado que comenzó aunque no se pueda decir lo mismo de los jueces. Con el cambio de destino anunciado por el juez San Martín, será el sexto magistrado que conozca esta causa desde su apertura quien se encargue de aclarar si la presunta corrupción que se indaga en este caso responde o no a la realidad.
Los magistrados dicen ahora que se tuvo que dar más tiempo a las partes
Muy tarde. Así es como ha llegado la respuesta a los recursos planteados por algunas de las partes personadas en el caso Brugal al plazo de veinte días dado por el magistrado Carlos San Martín para que los letrados de los imputados se leyeran los casi 20.000 folios que conformaban el sumario y recurrieran aquellas resoluciones que consideraran lesivas para sus clientes.
La Audiencia, a la que algunos de los abogados recurrieron en apelación después de hacerlo en reforma ante el propio juez, ha resuelto ahora que San Martín realmente se quedó corto en los plazos y que, en vez de veinte días, tendría que haber concedido a los abogados sesenta. De hacerse valer esta resolución habría que anular lo actuado desde que se presentó el recurso.
