Que ningún diputado cargue dos veces a las cuentas públicas los gastos que genera su desplazamiento a las Cortes. Es lo que pretende Esquerra Unida con la petición quemañanahará, en la comisión del estatuto del diputado, su parlamentario Ignacio Blanco. El grupo que dirige Marga Sanz considera que hay que poner coto a la práctica de los alcaldes u otros cargos públicos que se desplazan a la sede parlamentaria en un vehículo oficial puesto por su ayuntamiento o institución correspondiente, pero cobran los 0,32 euros por kilómetro como si se hubiesen desplazado en coche propio o transporte público. Esta circunstancia no ha sido controlada nunca por la Cámara Autonómica.

Esta irregularidad es más difícil que pueda planear sobre los portavoces parlamentarios del PP y PSPV, dado que el coche oficial que tienen adscrito es de la propia Cámara Autonómica. Lo mismo cabe decir de los portavoces adjuntos o síndics de los otros grupos que tienen derecho a disponer de vehículo oficial previa petición. El caso de los miembros de la Mesa, cuyos integrantes tienen a su servicio vehículo y conductor, es más claro aún porque, de entrada, no tenían derecho a retribución por desplazamientos por decisión expresa de la anterior presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez. El sistema de retribuciones parlamentarias establece dos tipos de compensaciones en las que se prima la distancia de la residencia del diputado respecto a las Cortes. Por un lado está la llamada "indemnización por el ejercicio de la función", que establece diferentes complementos en función de si su señoría vive a menos de 10 kilómetros de las Cortes, entre 10 y 100 kilómetros o a más de 100.

En segundo lugar están las dietas por desplazamiento, a razón de los citados 0,32 euros por kilómetro. Es esta segunda cantidad la que da pie a los excesos y en la que EU quiere que se acometa un control del gasto parlamentario.

Cambio de sexo

Por otro lado, el grupo parlamentario de EUPV ha presentado en las Cortes una Proposición No de Ley en la que reclama al Consell la puesta en marcha de políticas que fomenten la diversidad sexual desde el punto de vista educativo, sanitario, laboral y social, así como que la Seguridad Social cubra las operaciones de reasignación de género y que se impida "la injerencia del arzobispado". En un comunicado, la diputada alicantina de EUPV Esther López Barceló lamentó ayer que "a pesar de los avances legales de los últimos años, todavía queda mucho camino para conseguir la plena igualdad".