La nulidad de las escuchas decretada por el juez San Martín afecta a buena parte de las conversaciones con las que la Policía Judicial avala la presunta connivencia del presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, con los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll para cambiar la ubicación final del vertedero del Plan Zonal para la Vega Baja, a construir en la pedanía oriolana de Torremendo y que fue adjudicado a Ortiz en diciembre de 2007. El cambio de ubicación de la planta suponía favorecer los intereses del constructor, que no tenía suelo para levantarlo -pese a lo cual se le adjudicó a su empresa- y de Fenoll, quien se lo vendería por un precio más elevado del que pagó por él.

Según la Policía, Ripoll medió para que el Consorcio Provincial de Residuos favoreciese los intereses de Ortiz y Fenoll en el Plan Zonal, no sólo en la adjudicación al primero, sino también en el negocio que ambos empresarios harían si Fenoll le vendía al constructor el suelo del que disponía. Para ello, la presunta trama puso en marcha los mecanismo y a las personas que podían intervenir en el necesario cambio de ubicación que se perseguía para poder conseguir el objetivo de los empresarios. El nexo de unión entre éstos y Ripoll era Rafael Gregory. Finalmente, el 22 de diciembre el Consorcio aprobó la ubicación del vertedero para que fuera instalado en los terrenos de Fenoll. Este emplazamiento ha sido declarado ilegal por un juzgado de lo Contencioso, al considerar que se aprobó el cambio de ubicación en un "suelo no apto".

Las conversaciones anuladas tratan también de la supuesta recompensa a Ripoll por sus favores con dos pisos en la avenida Pérez Galdós de Alicante. De hecho, la visita que Ripoll hizo con su mujer a los inmuebles y que el informe policial aporta como prueba de que el matrimonio iba a recibirlos, forma parte en el tiempo del período de escuchas anulado. Sin embargo, una conversación en la que Ripoll le especifica a Gregory los pisos que son supuestamente los escogidos por él no ha quedado fuera de la investigación.

El juez anula decenas de conversaciones entre Fenoll y Gregory en las que utilizaban lenguaje en clave para referirse a la finca de Fenoll y a los pisos que presuntamente recibiría Ripoll. Se trata de diálogos en los que ambos hablan de "los limones" para referirse a los pisos y a la "finca de los limones" para hacer referencia al suelo de Fenoll. De estas conversaciones la Policía concluye que se darán los pisos a Ripoll si previamente ha arreglado lo de la finca.

Entre las conversaciones anuladas también figuran otras entre las que Gregory y Ripoll hablan sobre este asunto.

Entre las conversaciones anuladas también figuran otras entre Gregory y Ortiz en las que el primero le transmite al segundo que la resolución del Consorcio sobre la ubicación de la planta de basuras en la que se habla de que se iba a resolver como habían dicho, a lo que Ortiz le contesta que se aprobaría lo del suelo.

Algunas conversaciones tildadas por la Policía de "reveladoras" se producen el mismo día de la aprobación del cambio de sitio, un año después de que el mismo órgano, el Consorcio Provincial de Residuos, adjudicara a Ortiz la construcción de toda la obra pública del Plan Zonal.