Documentos extraviados en un cajón, autos judiciales con erratas y con quejas sobre la falta de medios y diligencias que se envían por error a otros juzgados. Éstos son algunos de los incidentes que han marcado cuatro años de instrucción del caso Brugal y que estaban en el anonimato hasta ahora por el secreto sumarial, pero que ya empezaron a vislumbrarse cuando en julio del año pasado se detuvo al presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll.

Hasta cinco magistrados diferentes han pasado por el juzgado de Primera Instancia número tres de Orihuela durante los últimos cuatro años, un juzgado que se especializó en asuntos civiles en enero de 2010, pero que contaba con el caso Brugal como uno de los asuntos que tenía pendientes antes de su reconversión.

Algunas de las resoluciones ahora anuladas están firmadas por magistrados de otros juzgados que en ese momento estaban sustituyendo al compañero, como es el caso del auto del 23 de mayo de 2008 en el que se prorrogaban las escuchas al empresario Rafael Gregory, porque no estaba motivado.

Asimismo, entre agosto y diciembre de ese año, el secreto del sumario se renovó bajo las premisas de que se trataba de una investigación por narcotráfico. Este incidente había servido a algunas de las defensas para pedir la nulidad del caso y sobre este asunto se pronunció el juez Carlos San Martín en su auto de ayer. El magistrado reconoce que se trató de un error pero que todos los preceptos legales en que se basan los autos son correctos y, por tanto, válidos.

Las tensiones entre el ministerio público y el magistrado comenzaron a hacerse patentes cuando en el mes de julio de 2010 se detuvo al presidente de la Diputación junto a otros presuntos implicados en la trama, como los empresarios Ángel Fenoll, Enrique Ortiz y Rafael Gregory. Al día siguiente de los arrestos, el magistrado Carlos Sanmartín causó toda una tormenta política cuando, a través de un comunicado del Tribunal Superior de Justicia, dijo que no los había ordenado. Ahora en el auto judicial dictado ayer el magistrado reconoce que la Policía estaba facultada para hacer las detenciones, aunque él insiste en que no las autorizó.

La siguiente pifia llegó en el mes de octubre cuando se levantó el secreto del sumario. En esta etapa, la causa se había desglosado en una veintena de piezas separadas para su investigación de manera independiente en otros juzgados. Por error, acabaron entregándose a los abogados piezas del sumario que todavía estaban consideradas secretas, haciendo públicas gran parte de las irregularidades investigadas. La Fiscalía no actuó entonces porque se consideraba que se trató de un error.

El levantamiento del secreto fue objeto de otra polémica porque en el auto en que se acordaba la medida el juez aprovechaba para quejarse de la falta de medios por la que, por no tener, no tenía ni discos para hacer llegar las copias a los abogados. La Conselleria de Justicia salió a las 24 horas a decir que se atendían todas las peticiones y que los autos judiciales no eran el lugar adecuado para plantear esas cuestiones.

A los pocos meses, volvió a ocurrir lo mismo cuando se enviaron por error al juzgado que investigaba la Fundación del Hércules folios relativos al Plan General. Esta vez, la Fiscalía presentó una queja ante el Consejo General del Poder Judicial por si adoptaba alguna medida pero la denuncia se archivó.

En este contexto. el pasado abril el juez abrió otra investigación al aparecer varios informes del fiscal Anticorrupción que no habían sido tramitados. En algunos de estos documentos se pedían la apertura de varias piezas separadas ante los distintos hechos irregulares que iba arrojando la investigación. Sanmartín recalca en el auto judicial que ésto era lo que se tenía que haber adoptado desde un principio.