El juez de Brugal ha desestimado los recursos presentados por diez de los implicados contra los autos de entrada y registros realizados en las operaciones policiales de julio del pasado año y mayo de 2007, cuando comenzó la investigación. San Martín afirma que dichos autos "no pueden sino ser confirmados en esta instancia por estar todos ellos debidamente motivados". Sobre el auto de mayo de 2007 el juez dice que no incurre "en vicio de nulidad" y en cuanto a los registros en la Diputación y en viviendas de implicados señala que "el hecho de haber declarado la nulidad de algunas resoluciones que acuerdan la intervención o prórroga de las intervenciones telefónicas no empece a la validez de los autos", pues "se habrían dictado con igual fundamento en las conversaciones no afectas por la declaración de nulidad". San Martín también se refiere a las detenciones e indica que le es "imposible" pronunciarse sobre su legalidad y precisa que su resolución "pese a no ordenar de oficio detención alguna, da la correspondiente cobertura a la fuerza actuante para el caso de producirse el hallazgo de alguno de los moradores fuera del lugar de la práctica del registro y así enervar cualquier intento de perturbar su correcto desarrollo con solicitudes de habeas corpus que serían desestimadas por falta de fundamento".
