Herida de muerte. Así es como la quedado la investigación del caso Brugal abierta hace ahora cuatro años para esclarecer, entre otras tramas, las circunstancias que rodearon la adjudicación de la contrata de la basura en Orihuela y la del plan zonal de residuos de la Vega Baja. Un caso en el que están imputados, entre otros, el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, y los empresarios Enrique Ortiz, Ángel Fenoll y Rafael Gregory y cuyas intervenciones telefónicas dieron origen a una veintena de piezas separadas, una de ellas la que se está investigando en Alicante por supuestas irregularidades en la tramitación del PGOU en la que están implicados la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, y el exregidor y actual diputado autonómico Luis Díaz Alperi.
La decisión de Carlos San Martín, el último de la serie de jueces que han instruido el caso Brugal, de anular por falta de motivación gran parte de las conversaciones telefónicas, piedra angular de las pruebas de cargo esgrimidas por el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, ha dejado seriamente tocada la instrucción de un caso que, de facto, queda ahora paralizado a expensas de los recursos que se presentarán ante la Audiencia. El propio juez se anticipa a este hecho al precisar en el auto hecho público ayer que "una vez ganada firmeza, deberá abrirse la correspondiente pieza incidental donde se sustanciará, con los trámites de alegaciones correspondientes, la doctrina de los frutos del árbol envenenado". O, lo que viene a ser lo mismo, la nulidad que emane de los actos declarados nulos cuyos efectos no se agotan en la investigación de las basuras sino que abarcan a la del PGOU o la de la Fundación Hércules, entre otras.
En un denso y extenso auto de 162 folios con veladas críticas a los anteriores instructores del caso (como cuando califica de "excepcional" la duración del secreto de sumario "sin desmerecer por ello el entendimiento dispar de sus antecesores", precisa), el magistrado incide, además de en la falta de motivación de los autos por los que se prorrogan escuchas, en la conveniencia de desglosar el asunto matriz en piezas separadas, algo que el fiscal planteó en 2007 pero a lo que no se dio curso por no tramitarse debidamente en un ejemplo de mala praxis procesal que ha sido una constante en este caso.
San Martín anula todas las conversaciones intervenidas a Ripoll y a Ortiz desde noviembre de 2009 hasta mayo del año pasado, así como las captadas a Ángel Fenoll y a su hijo desde enero de 2008 hasta la misma fecha, dos años y medio de investigaciones. En el caso de los tres exconcejales oriolanos se anula la práctica totalidad de las conversaciones que les grabó la Policía y del empresario Rafael Gregory, el nexo entre Ripoll, Ortiz y Fenoll y, precisamente por ello una de las piezas claves del caso, sólo se consideran válidas las captadas hasta mayo de 2008, cuando comienzan a aparecer datos sobre la presunta financiación ilegal de la Fundación Hércules que dos años más tarde sería pieza separada.
En una resolución que puede ser recurrida a la Audiencia en un plazo de cinco días, el juez estima parcialmente el recurso presentado por el abogado de Ortiz y mientras da validez al auto del 9 de mayo de 2008 por el que se acordaba la intervención del teléfono del empresario, invalida las escuchas a partir del 30 de noviembre del año siguiente al anular el auto por el que se prorrogaban las intervenciones telefónicas del constructor y de Ripoll y su esposa.
Aunque sobre la decisión de mayo de 2008, el juez entiende que "la resolución está correctamente fundamentada", dice que es "tardía" si el objetivo era investigar si la adjudicación del plan zonal a la UTE Cespa-Ortiz fue fruto de alguna irregularidad imputable al empresario.
En cuanto a las alegaciones de Ortiz sobre los hallazgos casuales y la investigación de delitos conexos, el juzgado de Orihuela acordó el 4 de abril de 2008 un desglose de actuaciones para remitirlas al Decanato de Alicante con el fin de investigar unas supuestas irregularidades urbanísticas en Rabasa. Dicha inhibición parcial, señala el actual juez del Brugal, fue una actuación procesal "correcta" y "tenía que haberse seguido tomando en resoluciones posteriores, sin que sea comprensible en términos jurídicos el cambio de criterio por parte de este juzgado en las sucesivas prórrogas de intervención y respecto de los hallazgos casuales sobre presuntas irregularidades detectadas en partidos judiciales distintos del de Orihuela".
Las conversaciones invalidadas al empresario también afectan al la investigación sobre presuntas irregularidades en la tramitación del PGOU de Alicante, concretamente a los últimos seis meses en los que, entre otras escuchas, figuran las referidas a un viaje a Andorra presuntamente sufragado por Ortiz y al que fueron quince personas, entre ellas la alcaldesa.
Respecto al presidente de la Diputación y a su esposa, el juez valida uno de los autos de intervención telefónica recurridos, con fecha del 12 de junio de 2009, por estar suficientemente motivado con indicios concretos de cohecho y tráfico de influencias. Señala el juez que "los elementos descubiertos por la Policía en este punto eran precisos, no daban lugar a interpretación equívoca y desprendían que Ripoll podría ser destinatario de una dádiva de considerable valor económico". Por contra, el auto del 11 de agosto de ese mismo año para prorrogar la intervención ofrece, según el juez, "un mismo esfuerzo motivador" respecto del teléfono de Ripoll pero no del de su esposa al no exponer "indicios objetivos de su participación en actividad presuntamente delictiva alguna, salvo el simple hecho de ser la esposa de Ripoll" y conversaciones sobre la propiedad de inmuebles del matrimonio y el alquiler de un local comercial en una zona de ocio de Alicante. Entiende el juez que este hecho no guarda relación con la investigación del plan zonal y, al no existir indicios delictivos respecto a las conversaciones de la mujer de Ripoll, San Martín resuelve que fue "improcedente" la prórroga de la intervención de su móvil y por tanto acuerda la nulidad de las escuchas realizadas a De la Vega desde el 11 de agosto de 2009.
"Resolución estereotipada"
El auto de 30 de noviembre de 2009 por el que se invalidan las escuchas tanto a Ripoll como a Ortiz es calificado por el juez como "paradigma de la resolución estereotipada" y "carente de la más absoluta motivación". Según San Martín, la resolución viene precedida de sendos informes de la Policía y del fiscal y, sin embargo, el auto acuerda prorrogar la intervención de los teléfonos de Ortiz, Ripoll y su mujer en "un breve considerando de escasas líneas genéricas". Esta resolución, señala el juez, "es nula de pleno derecho a todas luces".
El juez ha anulado también parte de las conversaciones de uno de los personajes claves del caso, Rafael Gregory. Sus escuchas quedan anuladas desde el 23 de mayo de 2008 por la poca motivación del auto judicial, firmado por un juez de otro juzgado que estaba sustituyendo al titular en esos momentos (Fernando Madrid), que renovaba la intervención de las dos líneas de teléfono de Gregory. En estas fechas, del plan zonal está en plena discusión. Gregory tuvo el teléfono intervenido entre el 4 de julio de 2007 y el 26 de mayo de 2010. La decisión del juez afecta a dos años de las investigaciones.
En el escrito por el que el fiscal Anticorrupción solicitaba la prórroga de las escuchas se hacía constar que se habían detectado otros delitos. Sin embargo, nada se dice en el auto judicial sobre esas nuevas líneas de investigación. Según San Martín, la resolución "adolece de defectos de forma casi insalvables" al haber pasado más de dos años y sin que se haya hecho nada para corregirlo. Ni se dice nada sobre esos hechos causales ni por cuánto tiempo se renovaba la intervención telefónica. El juez se limita a remitirse al informe del fiscal para prorrogarla.
En ese mismo auto, también se renovaba la intervención de un segundo teléfono de Gregory, que las Fuerzas de Seguridad catalogaban como "de seguridad", usado "para mantener algunas conversaciones prescindiendo se su número habitual". El número siguió intervenido porque no se había detectado conversación alguna en ese tiempo, hecho que el magistrado San Martín considera "improcedente". De todos modos, el alcance de esta anulación es bastante más limitado, ya que el número dejó de estar intervenido un mes después. En esta información han colaborado también David Pamies y José Antonio Martínez.
La investigación a la Fundación del Hércules queda en el aire
La resolución del juez de Orihuela deja en el aire la rama del caso Brugal por las supuestas irregularidades en la Fundación del Hércules. El auto judicial por el que se inició esta línea de investigación es uno de los que ahora han sido declarados nulos por el juzgado. Esta rama investigaba si hubo una trama de empresas para financiar ilegalmente a la Fundación del Hércules a cambio de recibir contratos de obras de la Diputación. El caso está en el juzgado de Instrucción número cuatro de Alicante, donde ya se ha interrogado a los imputados, entre los que se encuentra el actual director gerente de la Cámara de Comercio y entonces diputado de Obras, Carlos Mazón. El fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, pidió el 23 de mayo de 2008 que siguiera intervenido el teléfono del empresario Rafael Gregory al haberse detectado estos nuevos delitos. Sin embargo, el juzgado se limitó a renovar las escuchas sin dar razonamientos jurídicos. J. A. M.
