Dentro de la normalidad y sin favoritismos. De esta forma definieron ayer la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su predecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, -abordados a las puertas de la sede del PP en Valencia, donde asistían a la reunión de la ejecutiva- el trato dispensado por parte de ambos al empresario alicantino Enrique Ortiz, tras conocerse los datos de la investigación que contiene la pieza separada del caso Brugal, relativa al supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, en la que se apunta la existencia de un presunto trato de favor hacia el constructor.

La primera edil de Alicante apostó ayer por admitir que en la Navidad de 2008 "se recibieron regalos, no solamente de Ortiz, como se reciben en los medios de comunicación, en las comisarías, en los juzgados, en diputaciones y en muchísimos estamentos". Una afirmación que remató asegurando que "en aquella época recibir obsequios era lo normal y ahora se ha convertido lo normal en anormal y desde el año 2008 están prohibidos. Lo puedo decir más alto, pero no más claro". La alcaldesa y diputada autonómica del PP contestó así de tajante a las preguntas de los medios de comunicación que aguardaban a la entrada del citado encuentro del PP. En esta apuesta por los detalles, Castedo fue más allá e incidió en que recibió "una cazadora de Enrique Ortiz, que ya tenía", para pasar a señalar que el regalo de "obsequios es lo normal en Navidad siempre que no se trate de otra serie de presentes que no se pueden demostrar o que se hayan realizado en otras épocas no tan señaladas".

El relevo de las explicaciones lo asumió el exprimer edil de Alicante, quien aseguró que en el tema del PGOU "no hay nada que favorezca" al empresario Enrique Ortiz sino "que le perjudica", además de resumir la causa abierta en los juzgados a una cuestión de porcentajes, en la que "el 80% de lo que se habla en este caso es falso y el 20% manipulación. Todo es mentira". Llevando esta valoración al terreno personal, Alperi aseguró que todo lo que se ha dicho sobre él y al Plan General "es mentira y quien afirma que el documento se ha hecho a medida de Ortiz lo primero que tiene que hacer es demostrar esa afirmación". Una vía que, según el exalcalde, no haría otra cosa que demostrar su versión de que "no hay nada que favorezca" al constructor.

En relación a los ejemplos concretos que recoge la investigación sobre los posibles regalos que el empresario pudo hacer a la familia de Alperi, éste se limitó a responder "que sus hijos se pagan las hipotecas de sus casas y no lo hacen otros, así como los viajes". Una contestación que extendió a la alcaldesa de Alicante "porque ella no ha recibido nada". Sobre las conversaciones transcritas en el sumario judicial, Alperi afirmó que son "auténticas" pero "no dicen nada, ya que; ¿hay alguna en la que Ortiz diga que le regala a mis hijos las casas?".

Tras estas palabras, la pelota regresó al tejado de Castedo quien, al volver a ser preguntada sobre las reuniones que mantuvo con el empresario, señaló no entender por qué "sorprende" que mantuviera esos encuentros, dado que como alcaldesa y concejal de Urbanismo entonces era "su obligación realizarlos no sólo con Ortiz, sino con otros empresarios valencianos y españoles". La primera edil tampoco esquivó la pregunta sobre si solicitó al constructor que buscara algún asunto censurable en la trayectoria del socialista Ángel Luna -contra el que el PP presentó una denuncia a sabiendas de que era falsa-, reconociendo que ese tema es "absolutamente cierto".

EU ampliará la querella a Rabasa y Compromís pide dimisiones en el PP

Esquerra Unida (EU) ampliará la querella por la que se personó en la pieza separada del caso Brugal que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, para que se investigue también sobre el Plan Parcial del sector de Las Lagunas de Rabasa.

El letrado de la formación, José Luis Romero, señaló que se ha apostado por ampliar la querella, tras levantarse el secreto de sumario de la causa, en la que "se constata como el Plan Rabasa se tramita y se dirige bajo la batuta del empresario alicantino Enrique Ortiz". Unos hechos presuntamente irregulares que alcanzarían también "a las consellerias".

En esta misma línea, la coordinadora de EUPV, Marga Sanz, exigió ayer al PP que "impida", en el acto de constitución de las Cortes, que Castedo y Díaz Alperi "tomen posesión como diputados" autonómicos e incidió en la petición que trasladarán a la cámara a favor de la apertura de una comisión de investigación.

Por su parte, la diputada autonómica de Compromís Mireia Mollà afirmó que la alcaldesa de Alicante "está ya contando las horas para tomar posesión de su cargo de parlamentaria en las Cortes y convertirse así en aforada" con el fin de "evitar" que el juez "pueda imputarla por el escándalo del diseño del PGOU". La representante de la coalición -compartida por el Bloc, Iniciativa y Los Verdes- señaló, además que el desenlace de las listas electorales del PP "evidencia el provecho" que van a sacar Castedo y Alperi de su inclusión en las listas autonómicas por Alicante y el hecho de que si han formado parte de estas candidaturas es como consecuencia de "una estrategia judicial para ralentizar su imputación". N.I.