La dirección nacional del PP ha abierto la veda de los agujeros económicos dejados por los gobiernos socialistas en las autonomías que va a pasar a gobernar tras las elecciones del 22-M, especialmente en Castilla-La Mancha, donde los populares denuncian facturas impagadas por 2.000 millones tras recordar el déficit oficial con se cerró 2010, otros más de 2.000 millones. Pero, con las arcas autonómicas esquilmadas, el debate puede convertirse en bumerán en las comunidades donde el Partido Popular lleva en el poder muchos trienios.

Es el caso de la Generalitat, donde, con la última auditoría que la Sindicatura de Comptes realizó a las cuentas -referida a 2009-, el Consell esconde un déficit oculto de al menos 2.849 millones de euros. La mayoría, 1.543,3 millones, son facturas de Sanidad de suministros y servicios consumidos y pendientes de aplicar a un presupuesto. Los restantes 633,9 millones son los llamados "derechos definidos", ingresos que se contabilizaron entre 1990 y 2004 basados en meras expectativas de cobro que el Sindic da prácticamente por incobrables.

De hecho, la última vez que se ingresó algo por este tipo de ingresos -una figura erradicada cuando la Generalitat aprobó el nuevo Plan Contable en 2001- fue en 2006, 53,3 millones. Desde entonces, ni un solo euro. Invariablemente, cada año quedan 633,9 millomes de derechos definidos pendientes de cobro. Con toto, el principal problema es el gasto de Sanidad ya realizado y que todavía no se ha aplicado a ningún presupuesto. José Bono, presidente del Congreso, avivó ayer un poco más el debate al asegurar que sólo con la deuda de Canal 9 -1.240 millones- se podría saldar la que arrastra Castilla-La Mancha. De forma global, el agujero en las cuentas del Consell alcanza los 53.000 millones entre deuda bancaria y pagos aplazados. Los grupos de la oposición en las Cortes -Socialistas, Compromís y EU- reclamaron ayer al presidente del PP, Mariano Rajoy, que "si quiere hacer un ejercicio de transparencia debe empezar por pedir una auditoría de las cuentas de la Generalitat Valenciana".