Esquerra Unida (EU) pedirá la creación de una comisión de investigación en el ayuntamiento de Alicante para esclarecer y depurar las posibles "responsabilidades políticas y municipales" derivadas de los informes policiales sobre el 'caso Brugal' relativos al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Así lo ha anunciado hoy el concejal electo de EU Miguel Ángel Pavón, quien ha indicado que su grupo formulará esa solicitud una vez constituida la nueva corporación municipal.
Según el contenido del sumario del 'caso Brugal', la Fiscalía Anticorrupción considera que la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, ambos del PP, diseñaron y resolvieron "a la medida" del constructor Enrique Ortiz "aspectos relevantes" de la redacción del PGOU y, además, recibieron "dádivas" o "pagos".
El objetivo de la comisión de investigación cuya creación demandará EU sería "esclarecer y depurar las responsabilidades políticas y municipales derivadas del contenido de los informes policiales incorporados al sumario del 'caso Brugal'", ha avanzado Pavón.
En concreto, según EU, "en relación tanto a las presuntas actuaciones ilegales de Castedo y Díaz Alperi en favor de los intereses de Enrique Ortiz como a los presuntos contactos de éste con distintos técnicos con responsabilidades en la elaboración y aprobación del planeamiento de la ciudad".
Pavón ha exigido también a la Conselleria de Urbanismo, ante la que mañana presentará un escrito por registro, que suspenda cautelarmente y de forma inmediata la tramitación autonómica del nuevo PGOU de Alicante.
Para la formación de izquierdas, el contenido del sumario de la pieza del Brugal en la que está personada como acusación popular "deslegitima por completo el proceso de elaboración y aprobación provisional del PGOU".
Según el concejal electo de EU, "los presuntos ilícitos penales investigados, en caso de confirmarse mediante sentencia judicial firme, conllevarían de forma automática la anulación del PGOU".
Esquerra Unida ya planteó una solicitud similar el pasado mes de octubre tras "hacerse pública por error una parte del sumario", aunque fue "desestimada por la Conselleria" bajo la argumentación de la "seguridad jurídica".
Pavón ha considerado "asombrosa y paradójica" la "utilización por parte de la Conselleria de ese argumento para desestimar la petición de EU", pues, en su opinión, "precisamente la aplicación de ese criterio de seguridad jurídica debería implicar la suspensión inmediata de la tramitación del planeamiento mientras se dilucidan las presuntas responsabilidades penales de Castedo, Díaz Alperi o Enrique Ortiz".
