­La oposición salió ayer en tromba a pedir la dimisión tanto de Sonia Castedo como de Luis Díaz Alperi, tras conocerse las revelaciones del sumario correspondiente a la pieza de la operación Brugal que investiga el supuesto amaño del PGOU de Alicante en beneficio del promotor Enrique Ortiz. Tanto los socialistas y EU como también Compromís –las tres fuerzas que conforman el arco de la oposición en las Cortes– consideraron «inaceptable» que Castedo y Alperi tomen posesión de sus cargos públicos –la primera como edil y diputada en las Cortes y el segundo como parlamentario autonómico– a la vista de las revelaciones sobre el supuesto pago de dádivas y regalos a cambio de que el empresario Enrique Ortiz tuviera trato de favor.

«No queremos una alcaldesa en Fontcalent», aseguró la socialista Elena Martín para reclamar la marcha de Castedo aunque también solicitó la renuncia de Alperi y de Joaquín Ripoll, concejal, como la primera edil, del Ayuntamiento de Alicante e imputado por cinco graves delitos en la rama de Brugal que investiga el escándalo de la adjudicación de las basuras en la Vega Baja. «En lugar de trabajar por Alicante, con toda la dedicación y el esfuerzo que merece un nuevo mandato, se van a dedicar a su propia defensa y a su salvación personal», proclamó Elena Martín para pedir la dimisión. El líder del PSPV, Jorge Alarte, por su parte, apuntó a Mariano Rajoy. «Debe impedir que los implicados en casos de corrupción contaminen con su presencia las Cortes. Su silencio avala el sistema implantado por Camps, Fabra, Castedo y Ripoll para la gestión política y le hace cómplice», aseveró Alarte.

Para Miguel Ángel Pavón, concejal electo de EU, nos encontramos ante un «escándalo mayúsculo». Pavón criticó la «tremenda facilidad» con la que, de acuerdo a los datos del sumario, Enrique Ortiz tenía a su disposición tanto a Castedo como a Alperi, ya sea mediante llamadas telefónicas o reuniones. «El sumario es todo un muestrario de especulación urbanística», apuntó el regidor para el que, independientemente de que Ortiz consiguiera o no sus objetivos, la actuación de Castedo y Alperi facilitando supuestamente todo tipo de información urbanística del nuevo PGOU al promotor y aceptando, presuntamente, dádivas o regalos de parte del empresario, es políticamente «indigna e inaceptable». «Deben renunciar», concluyó. Marga Sanz, líder de EU en las Cortes, identificó los destalle del sumario de Brugal con los del caso Gürtel. «Las dos tramas tienen el mismo hilo conductor: regalos de artículos de lujo y de viajes, a cambio de información privilegiada y contratos con la administración», dijo.

Mireia Mollá, parlamentaria de Compromís por Alicante, reiteró su decisión de solicitar una comisión de investigación en las Cortes Valencianas sobre la trama y reclamó la renuncia de Castedo y Alperi. «Todo esto evidencia que Castedo y Alperi, se han puesto a los pies de Ortiz para confeccionar el PGOU a su antojo», señalado la diputada que también identificó el «modus operandi» de Gürtel con el de Brugal. «Las investigaciones destapan un escándalo del PP. Si tuvieran vergüenza deberían dimitir y pedir perdón por vender Alicante a cambio de suculentos regalos», subrayó.

Jorge Alarte sale en defensa de la figura de Ángel Luna

«Con los datos que hemos conocido se confirma que se fabricó un montaje contra nuestro portavoz en las Cortes, Ángel Luna, en el que participaron políticos y empresarios presuntamente corruptos, en perfecta connivencia y colaboración», apuntó Alarte sobre unas frases del sumario en las que se evidencia que Castedo buscó que Ortiz le proporcionara información contra Luna. «La única finalidad de aquel montaje era garantizarse que el negocio sucio a costa del dinero de los contribuyentes se mantuviera en el tiempo», subrayó el dirigente socialista. «La verdad se ha impuesto y hoy conocemos lo que han hecho», concluyó. redacción