El ministerio fiscal considera que el empresario Enrique Ortiz Selfa pudo realizar un pago a favor del que fuera secretario general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana hasta octubre de 2009, Ricardo Costa, así como encargar trabajos al socio de éste, Emilio Álvarez, abogado, con el que quiere trabajar "por huevos".
El sumario de la pieza desgajada del caso 'Brugal', que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, recoge en informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el que la Policía recoge conversaciones de Ortiz en las que solicita al hermano de su mujer, Miguel Carratalá, que le de al socio de Costa "trabajos que tengáis ya, y empezar a trabajar".
La Policía considera que los dos trabajos que Ortiz quiso que le llevara el socio de Costa para que los defendiera, podrían estar relacionados con un centro comercial de Benidorm, así como con una sanción de IVA de 300.000 euros, que se estaba recurriendo desde un despacho de abogados alicantino, y que el empresario quería que llevaran "estos", en referencia a Ricardo Costa y su socio.
En este sentido, en un conversación intervenida por la Policía el 10 de marzo de 2009, Ortiz le dice al marido de su mujer que "eso quiero que lo lleve éste. Y ya te diré por qué, no hace falta que te lo diga ahora", a lo que su interlocutor le responde que lo sabe "perfectamente".
Además, en otra conversación telefónica del del 15 de junio de 2009, entre Ortiz y el empresario Vicente Llácer, el último le dice al primero que "de aquello que estaba 'peleao'", él le pagaría a Costa --al que llaman Mimosín-- "la mitad". Así mismo, Llácer le indica a Ortiz que Costa quiere éste "le ayude un poco".
El informe policial recoge también una conversación entre el padre de Ricardo Costa, Juan Costa, y Ortiz, en la que éste le solicita el pago de una factura pendiente para "poder presentar el segundo trimestre de IVA".
Así, Ortiz habla con Miguel Carratalá, hermano de su mujer, para preguntarle si "los abogados amigos míos de Madrid, de Valencia", le habían mandado "una factura", que finalmente fue abonada por Ortiz, tal y como recoge el informe policial.
