La Comisión Provincial de Policía Judicial, que integra a jueces, fiscales y Fuerzas de Seguridad, acordó ayer impulsar los juicios rápidos a los acusados de engancharse ilegalmente a la red eléctrica y a los okupas de viviendas para frenar el destacado aumento de estas dos infracciones penales en la ciudad de Alicante.
El presidente de la Audiencia Provincial, Vicente Magro, indicó que se está preparando un protocolo de actuación tanto para los enganches ilegales de luz como para los okupas y anunció que Iberdrola, que también envió un representante a la reunión de ayer, se va a personar como parte perjudicada en los juicios. Magro reconoció la influencia de la crisis como "factor determinante" de estos casos.
Para poder celebrar los juicios rápidos por la defraudación eléctrica Iberdrola deberá presentar un informes pericial que establezca el importe defraudado para determinar si los infractores son juzgados por falta en una semana o por delito en quince días. Según explicó el responsable de Iberdrola en la reunión, los infractores son principalmente antiguos clientes que han tenido contrato y contador y ahora se han enganchado a la toma general.
Otra problemática en aumento son las ocupaciones de viviendas. Según Magro, la Policía asegura que se han denunciado este año 30 casos y por ello han decidido adoptar medidas para que se proceda a la expulsión de los okupas y sean juzgados de forma rápida. Magro solicitó la colaboración ciudadana para que denuncien estas ocupaciones ilegales y señaló que muchos okupas son delincuentes que intimidan a los vecinos para que no llamen a la Policía. En los casos de síndrome de Diógenes también se decidió pedir su internamiento.
El presidente de la Audiencia se refirió también a la petición del Tribunal Superior de Justicia para se inicien las obras de la Ciudad de la Justicia en Alicante y dijo que "llevamos 12 años esperando y además callados". El proyecto está pendiente de una autorización de Hacienda y Magro calificó de "pésimas" las condiciones actuales.
