La Fiscalía General del Estado ha presentado una denuncia contra el magistrado Carlos Sanmartín, instructor del caso Brugal, por una presunta revelación de secretos al haber enviado al juzgado que investiga las presuntas irregularidades en la Fundación del Hércules informes secretos sobre el caso del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, que se tramita en otro órgano judicial. La denuncia fue presentada en el Consejo General del Poder Judicial, donde ayer declinaron informar sobre la queja y el trámite en que se encuentra mientras no haya una resolución formal.
Además de la presunta revelación de secretos la denuncia podría incluir otras cuestiones sobre la labor del titular del juzgado de Primera Instancia 3 de Orihuela en la tramitación de la causa. La denuncia fue presentada en abril por la Fiscalía General del Estado después de que recibiera un informe de la Fiscalía de Alicante sobre las supuestas irregularidades cometidas por el juez del caso Brugal.
La reacción de la Fiscalía se produjo al no ser la primera vez que documentación secreta se hace pública por un error del juzgado de Orihuela. Cuando se levantó en octubre del pasado año el secreto de parte de las diligencias del caso Brugal, acabaron llegando a manos de los abogados gran parte de las investigaciones que todavía estaban consideradas confidenciales, entre ellas la del PGOU de Alicante. La Fiscalía no actuó por dicha filtración al considerar que fue un error y no había intencionalidad. El asunto llegó a tratarse en una Junta de Fiscales, pero se acordó no adoptar ninguna medida porque se debió a un error humano.
Sin embargo, sí causó un grave perjuicio al desarrollo de las investigaciones de las diferentes piezas separadas del caso Brugal, al conocer los imputados los detalles de las pesquisas de la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción.
En el caso ahora denunciado por la Fiscalía, el alcance de la filtración fue más limitado, ya que las copias solo llegaron a algunos abogados y tuvieron que devolverlas al juzgado de Instrucción número 4 de Alicante, donde tienen abiertas las diligencias sobre la supuesta financiación irregular de la Fundación del Hércules.
Sin embargo, desde el Ministerio Público se considera que un segundo error puede ser constitutivo de una falta de atención por parte del magistrado al carácter confidencial de la información que maneja. Por dicho motivo, en esta ocasión la Fiscalía de Alicante decidió poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, donde acordaron presentar la denuncia en abril.
La causa del PGOU sigue bajo secreto en el juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, aunque su titular podría levantarlo en breve.
