Una empresa lleva a los tribunales el convenio para implantar Ikea

La mercantil presenta un recurso contencioso al considerar que la adjudicación no se ajustó a la legislación

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Una empresa lleva a los tribunales el convenio para implantar Ikea
Una empresa lleva a los tribunales el convenio para implantar Ikea 

S. ESCRIBANO La empresa Obras y Edificaciones Galiana ha interpuesto un recurso contencioso administrativo en contra de la adjudicación del Plan Rabasa y del convenio suscrito entre la promotora (Viviendas Sociales del Mediterráneo, de Enrique Ortiz), el Ayuntamiento e Ikea para la implantación de la multinacional sueca.
Lo que la mercantil impugna en el juzgado es la decisión tomada en enero por el Ayuntamiento de rechazar el recurso de reposición que presentó la empresa ante los servicios municipales porque lo hizo fuera de plazo. En ese primer recurso, la mercantil se oponía a la aprobación del plan Rabasa al considerar que la adjudicataria no reunía los requisitos legales y que el procedimiento no se ajustó a lo exigido por la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Otro de los puntos que se cuestionaba era que el Plan General de Ordenación Urbana todavía no está vigente. En cuanto al convenio impugnado, la empresa recurrente considera que preveía "la inclusión de partidas improcedentes en el presupuesto de cargas", y que "no contiene una previsión de indemnización a los propietarios", como se desprende del acta plenaria.
Ahora, Obras y Edificaciones Galiana ha elevado su recurso al juzgado de lo Contencioso Administrativo de Alicante y así lo ha comunicado el Ayuntamiento a las partes interesadas por si estiman conveniente sumarse al recurso.
Este no es el único recurso contencioso administrativo presentado por una empresa. Hace unos días se conoció que el Grupo Uralita y Legal Capital habían interpuesto otros contra el convenio a tres bandas para la implantación de Ikea en Rabasa.
En estos momentos, el Plan Rabasa se encuentra en trámite de modificación para permitir la instalación de Ikea y del polémico macrocentro comercial anexo de 300.000 metros cuadrados. Después de que el Ministerio de Fomento considerase insuficientes las medidas de la promotora para evitar el colapso del tráfico en las inmediaciones y escaso el terreno reservado para los talleres del AVE, la empresa promotora trabaja en los cambios que debe introducir para que la modificación del plan que permitiría la implantación de Ikea pueda aprobarse.
De forma paralela, el Tribunal Superior de Justicia tiene pendiente pronunciarse sobre la legalidad del plan urbanístico, al que le levantó la suspensión cautelar a finales de 2010.

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