Alrededor de 200 afectados por el robo de recién nacidos de la Comunidad Valenciana, Murcia y Aragón exigieron ayer "toda la ayuda posible" de la Administración y la Justicia para lograr esclarecer los casos denunciados. En una reunión mantenida en Catarroja (Valencia), los afectados pusieron en común sus experiencias, debatieron líneas de trabajo y, los que quisieron, ofrecieron muestras de ADN que representantes de la empresa Genómica recogieron para cruzarlas con su base de datos de casos denunciados.
Desde Alicante se trasladaron media docena de padres que buscan saber qué ha pasado con sus "hijos robados". Según explicó ayer a este diario Inés Madrigal, "niña robada" portavoz de los afectados reunidos, la provincia de Alicante es una en la que "más ayuda de la Administración necesitamos debido a que está habiendo muchos problemas con los registros civiles y con los legajos de abortos", indicó. Madrigal añadió que de la provincia fueron media docena de afectados "aunque sabemos que hay más gente que ha presentado denuncia". "Necesitamos colaboración y alguien que se encargue de coordinar los casos en Alicante", señaló esta denunciante quien, a título particular, está buscando "la verdad de lo que pasó". La Fiscalía de Alicante, a través de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir) está investigando hasta el momento cuatro casos, si bien existe otra denuncia presentada en el juzado de Instrucción 7 de Alicante a nivel particular por un matrimonio. Según ha podido saber este diario, en este último caso se ha solicitado recientemente el legajo de aborto debido a que el juzgado recibió una documentación equivocada y no el documento solicitado.
Inés Madrigal explicó que el acto de ayer trata de orientar a las familias para que documenten sus casos debidamente para llevarlos ante la Justicia, dado que "muchas veces resulta complicado encontrar papeles -historiales clínicos y de los registros civiles- que los ilustren". Madrigal, cuyo nacimiento certificó un médico a pesar de que su madre nunca estuvo embarazada, alentó a denunciar ante la Fiscalía de Menores los casos en los que se hayan detectado "irregularidades" porque sólo así, afirmó, se podrán investigar y resolver las "dudas que tanto atormentan a algunos". En este sentido, la portavoz apuntó que el mayor escollo con el que están topando los denunciantes es la posible prescripción del presunto delito cometido, pero que, en contra de lo los fiscales, defienden que "ésta no ha tenido lugar". "Una persona que está desaparecida puede contemplarse como secuestro o detención ilegal del menor. Entonces, hasta que la persona no aparece, no puede correr el tiempo de la prescripción", aseveró.
Un hijo y un hermano
Dolores Mora, conquense afincada en Valencia, relató la "triste sorpresa" que se llevó cuando le dijeron, cinco horas después del parto, que había fallecido su bebé, nacido "aparentemente sano" en abril de 1980 en el hospital valenciano de La Cigüeña. "Me dijeron que había muerto por un problema de corazón. Si fue así, ¿por qué no me lo dejaron ver?", comentó mientras lamenta no haber "preguntado más" entonces, pero -se justifica- era "muy joven" y no insistió. Por su parte, Vicenta Botet, de Manises, busca con la mirada entre los asistentes a su hermano, nacido en diciembre del 69 en hospital La Cigüeña de Valencia y del que no consta su muerte "en ningún sitio".
