La portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, echó ayer un capote a la aún titular de las Cortes, Milagrosa Martínez, y al vicepresidente primero de la Generalitat, Vicente Rambla. Sánchez de León proclamó la "honorabilidad" e "integridad" de ambos apenas 48 horas después de que el el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana decidiera investigarles por su presunta relación con la trama Gürtel, un conglomerado de empresas que obtuvo contratos millonarios de la Generalitat durante años. El tribunal valenciano indagará si Vicente Rambla cometió un delito electoral por la presunta financiación irregular del PP de la Comunidad en los comicios autonómicos y locales de 2007; y también investigará si Milagrosa Martínez incurrió en supuestos delitos de prevaricación y cohecho por la contratación pública de la Generalitat a Orange Market por la asistencia a Fitur entre los años 2005 a 2009.

"En el auto no hay ninguna imputación ni acusación a las personas que en él se refieren", subrayó la portavoz de la Generalitat durante su comparecencia para explicar los acuerdos del pleno del Consell. En la resolución del TSJ "sól0" se especifica, en palabras de Sánchez de León, que "ambos son aforados y que el tribunal es competente para abrir una investigación". E insistió: "No hay elementos indiciarios para imputar o acusar". La consellera se remitió a las palabras que ha venido pronunciando cada vez que se le pregunta por temas judiciales y reiteró que la Generalitat "siempre muestra su respeto absoluto a las decisiones" que adopten los tribunales. "Lo que sí pediría una vez más es el respeto a la presunción de inocencia de las personas y a la separación de poderes", apostilló. Acto seguido, Sánchez de León se deshizo en elogios hacia Rambla y Martínez: "Quiero expresar la confianza absoluta que todo el Consell tiene no sólo en su gestión, sino también en su persona (dijo refiriéndose a ambos). Defendemos su integridad, honorabilidad y buen hacer durante sus años de servicio en la Generalitat. Ha sido un privilegio y suerte trabajar con ellos".

Al igual que hiciera el jueves el síndic popular en las Cortes, Rafael Blasco, la portavoz del Ejecutivo también abogó ayer por acelerar al máximo la designación de Francisco Camps como presidente de la Generalitat. El motivo es claro. El jefe del Consell podría sentarse próximamente en el banquillo por los trajes de Gürtel -caso en el que está acusado de cohecho pasivo impropio- y el PP quiere que su proclamación llegue antes que la decisión judicial. "Desde el Consell y desde los grupos parlamentarios se trabajará para que los tiempos sean lo más cortos posibles para poder formar un nuevo gobierno lo antes posible y dar respuesta, de la forma más rápida posible, a lo que ha sido la voluntad de las urnas", aseveró.

Ley Urbanística Valenciana

Durante su comparecencia, Sánchez de León también anunció que el próximo lunes habrá un cónclave entre el vicepresidente tercero del Consell y titular de Urbanismo, Juan Cotino, y los afectados por la denuncia de la Comisión Europea y de la Eurocámara hacia la Ley Urbanística Valenciana (LUV). En ese encuentro se abordarán las medidas que se tomarán "para reparar el perjuicio y el daño causado". La portavoz realizó este anuncio después de valorar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que avala la LUV y dictamina que la norma no vulnera la legislación comunitaria en materia de contratación pública. "Quiero expresar la absoluta satisfacción de la Generalitat, porque por fin el tiempo va poniendo a cada cosa en su sitio". Por su parte, el diputado autonómico de Esquerra Unida por Alicante, Lluís Torró, anunció ayer, a través de un comunicado, que su grupo trabajará para reformar la LUV y deshacer su "gran error de fondo", que consiste en la privatización de la iniciativa urbanística.

La Generalitat pone coto a los contratos en las fundaciones

El Consell aprobó ayer en su primera reunión después de las elecciones del 22-M una modificación normativa que en la práctica supondrá poner coto a la contratación de personal en las fundaciones públicas. Estas entidades, impulsadas por la Generalitat y financiadas a cargo del erario público, se habían convertido con el paso del tiempo en un auténtico coladero de personas sin apenas control. De hecho, a lo largo de los años las denuncias de la oposición de casos de "enchufismo" han sido constantes. El acuerdo del Consell pondrá, al menos sobre el papel, fin a la opacidad que ha envuelto la gestión de estas fundaciones. El decreto incluye varias novedades. Estas entidades deberán confeccionar una plantilla de su personal "en la que se definan las funciones a desarrollar, los requisitos de formación necesarios y la retribución de cada puesto", y la relación de nóminas deberá ser aprobada por el Patronato de la fundación", entre otros aspectos.JULIA RUIZ