El Tribunal Superior de Justicia de Valencia acordó ayer investigar al PP de la Comunidad Valenciana por beneficiar a la trama Gürtel, según el auto de la Sala de lo Civil y Penal al que ha tenido acceso este diario. Los magistrados han aceptado parcialmente la inhibición de la causa que había planteado el juez Pedreira y asumirá la investigación de un supuesto delito electoral en los comicios municipales y autonómicos de 2007; delitos de cohecho y prevaricación por las adjudicaciones de la Generalitat a Orange Market para montar el stand de Fitur entre 2005 y 2009; y falsedad documental por los pagos a Orange Market en las elecciones generales de 2008. El TSJ ha descartado investigar al exdirector de Canal 9, Pedro García, por las contrataciones a la trama por la visita del Papa; los posibles delitos fiscales de Orange Market; así como las adjudicaciones de otras consellerias a las empresas de la trama no incluídas en el contrato de Fitur.
El tribunal autonómico ha excluido de estas nuevas investigaciones al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, al considerar que no ha sido incluido por el fiscal en su propuesta de personas investigadas. No obstante, no se descarta en el auto que su situación pueda cambiar en función de lo que determine la investigación. Las partes tienen ahora un plazo de cinco días para decidir si estos nuevos hechos deben incorporarse a la llamada causa de los trajes, la única abierta hasta ahora por el tribunal valenciano por la trama Gürtel y que investiga sobornos y dádivas de la red a altos cargos de la Generalitat.
Por el delito electoral en las elecciones de 2007, el TSJ valenciano investigará a Luis Bárcenas (extesorero del PP) y Cristina Ibáñez Vidal (exgerente del PP valenciano) como presuntos autores directos, ya que eran los administradores electorales del Partido Popular. Como coautores del delito estarían Vicente Rambla, Ricardo Costa, David Serra y Yolanda García Serrano, así como los gestores efectivos de Orange Market (Cándido Herrero, Álvaro Pérez, Pablo Crespo, Francisco Correa y José Luis Izquierdo), y los responsables de las mercantiles Facsa, Pavimentos del Suroeste, Grupo Vallalba, Hormigones Martínez y Piaf, además de dos personas no identificadas a las que se les llama "El Príncipe" y "El Cantante". Todas estas empresas, contratistas de la Generalitat, pagarían a Orange Market por servicios inexistentes para satisfacer la deuda que el Consell tendría con la mercantil por los actos de campaña.
En cuanto a las elecciones generales de 2008, el TSJ ha acordado abrir una investigación por un presunto delito de falsedad documental. Según el escrito que en su día presentó la Fiscalía, el delito se habría cometido porque para encubrir los servicios prestados se habrían emitido facturas a Orange Market a las empresas pagadoras a sabiendas de que no respondían a operaciones reales. En este caso, el TSJ no investiga el delito electoral porque, según explica el auto, en la inhibición del juez Pedreira no se hacía ninguna mención expresa a ese delito, por eso los hechos se investigarán inicialmente como un delito de falsedad. Los investigados serán los gestores de Orange Market (Cándido Herrero, Álvaro Pérez, Pablo Crespo, Francisco Correa, José Luiz Izquierdo y una empleada a la que se identifica como Merche), así como los responsables de Facsa, Ortiz e Hijos, Piaf SL, Lubasa, Sedesa y los anónimos "El Príncipe" y "El Cantante"; y todos los aforados que figuran en el supuesto delito electoral de 2007.
En tercer lugar, el TSJ ha accedido investigar presuntos delitos de prevaricación y cohecho por la contratación pública de la Generalitat a Orange Market por la asistencia a Fitur entre los años 2005 a 2009. Según el auto judicial, los hechos resultarían atribuibles a la presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, el vicepresidente del Consell Vicente Rambla, así como el exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret. En este apartado, el auto excluye de manera expresa de estos hechos tanto a Ricardo Costa como al presidente Francisco Camps. La Sala de lo Penal y lo Civil de momento no ve motivos para asumir la competencia de las contrataciones del resto de las consellerias de la Generalitat a la red Gürtel, ya que, de momento no están ni concretadas, ni atribuidas a ningún aforado en concreto.
Visita del Papa
Los magistrados han rechazado también investigar las presuntas adjudicaciones irregulares del exdirector de Canal 9, Pedro García, con empresas vinculadas al cabecilla de la red Gürtel, Francisco Correa. El TSJ señala que ni García, ni las empresas que recibieron las adjudicaciones son aforados. "Se trataría de una operación diseñada por la organización de Francisco Correa" dentro de los hechos que ya está investigando el TSJ de Madrid.
Los jueces entienden que toda la investigación de Gürtel debería hacerse por un único órgano judicial para tener una visión de conjunto de todos los hechos, por lo que solo aceptan aquellos hechos que afecten a aforados de la Comunidad para facilitar esa unidad de las investigaciones. El TSJ deja la puerta abierta a que otro juzgado pueda investigar esos hechos.
Tampoco han aceptado investigar los presuntos delitos contra la Hacienda Pública supuestamente cometidos por Orange Market. Según la Fiscalía, la mercantil no habría declarado ni el IVA ni el Impuesto de Sociedades el dinero que recibió en fondos opacos por el PP en 2007.
Para los magistrados, en el modus operandi se habrían creado "diversas sociedades pertenecientes al mismo grupo, que se facturan entre ellas, confunde entre sí sus ingresos (...) y todo es controlado por los líderes de la organización e infringen presuntamente bajo una única dirección la normativa fiscal". Por ello, consideran que estos delitos también deberían seguir investigándose en el TSJ madrileño.
