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Los jueces basan la decisión en informes de pagos del PP con dinero negro

El auto dice que el delito se habría cometido por un falseamiento de las cuentas electorales

 10:29  
Rajoy durante el mitin de Valencia de 2008 con Álvaro Pérez El Bigotes a su izquierda.
Rajoy durante el mitin de Valencia de 2008 con Álvaro Pérez El Bigotes a su izquierda.  EFE/FERNANDO BUSTAMANTE

J. A. M. Los informes de la Policía y la Agencia Tributaria sobre la doble contabilidad de la trama Gürtel han sido valorados por los magistrados del TSJ de la Comunidad para decidir investigar los hechos, según el auto emitido ayer por el tribunal autonómico. Los jueces recuerdan que las presuntas actuaciones delictivas se referirían a que un importante porcentaje de la deuda que el PP contrajo con Orange Market se habría abonado de manera opaca.

Estos pagos se habrían hecho en efectivo, sin ningún reflejo contable y sin declarar; o bien a través de algunos empresarios mediante el abono de facturas a Orange Market. Al menos 345.000 euros se habrían pagado mediante esa fórmula. "Estas facturas reflejarían servicios inexistentes entre dichas mercantiles, con el fin de encubrir presuntas donaciones ilicitas al PP", dice el auto del TSJ citando el informe policial.

Los jueces recuerdan las conclusiones del informe de la Unidad Central de Delincuencia Fiscal (UDEF) que establece una facturación dual de Orange Market al PP y la estrecha relación de Álvaro Pérez "El Bigotes" con altos cargos del partido.

El auto cita también las conclusiones del informe de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que corroboraba las de la Policía.

Las alteraciones contables afectan tanto a la deuda oficial con el Partido Popular (denominada Alicante) como a la oculta (llamada Barcelona), ascendiendo ésta última a 2.565.891 euros. El TSJ dice que basándose en ambos informes habría indicios de delito, "por suponer un falseamiento de las cuentas electorales".

En este contexto, Ricardo Costa sería el canalizador de los pagos con fondos ajenos al sistema; David Serra habría participado en los acuerdos para realizar y ejecutar los pagos al Bigotes; Yolanda García se encargaría de cumplir las órdenes de Costa como tesorera del partido; y la participación de Vicente Rambla no estaría concretada pero hay indicios de que estaría al tanto o habría intervenido en los hechos. Las alusiones a Camps, según los magistrados, en las conversaciones son "accidentales" y de momento no encuentran indicios de su participación en estos delitos.

Para decidir investigar las adjudicaciones a Orange Market por la feria Fitur, el TSJ hace mención a los informes elaborados por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

En este sentido, se refieren a varias de las irregularidades detectadas en las adjudicaciones a la empresa. Así, al analizar el expediente de contratación para Fitur de 2005, entre las deficiencias denunciadas estaba el hecho de que la adjudicación se hizo a pesar de que había una oferta más económica de la mercantil que montó el stand el año anterior (un 17% menos).

A esto se une que Orange Market carecía de experiencia en este tipo de eventos y, a pesar de ello, se la contrato para cinco ferias. El informe sostiene que la empresa debería haber sido excluída de la mesa de contratación por no reunir las condiciones de solvencia.

Los informes recordaban que la mercantil efectuó varios regalos de Navidad en Valencia entre altos cargos del Partido Popular.
Según los magistrados del TSJ, los implicados en estos hechos serían el vicepresidente del Consell Vicente Rambla, que aparece en varias de las intervenciones telefónicas hablando de pagos a la empresa; y la presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, que era responsable de Turismo en la etapa en la que se produjeron las adjudicaciones.

Los magistrados en cambio no han visto indicios para imputar a Ricardo Costa y a Francisco Camps por las adjudicaciones de Fitur a la red de Gürtel.

Unas deliberaciones que empezaron antes de las elecciones
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana comenzó las deliberaciones para decidir si investigaba la presunta financiación ilegal del Partido Popular el pasado jueves 19 de mayo, a pocos días de las elecciones autonómicas. Tras varios días de discusión, los jueces de la Sala de lo Civil y lo Penal pudieron cerrar ayer un acuerdo en un extenso auto de un total de 62 folios y cuando ya habían pasado tres días desde los comicios.

Esta sala está formada por la presidenta del TSJ, Pilar de la Oliva, y los magistrados José Flors, Juan Montero, Juan Climent y José Francisco Ceres. Éste último, que es el ponente de la causa de la supuesta financiación ilegal, fue quien expuso al restos de sus compañeros un borrador con las cuestiones sobre las que debían debatir. Ahora la próxima cuestión que han de decidir es si estos nuevos hechos se incorporan a la causa de los trajes.

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