Frente a la defensa que el Consell realiza de sus cargos públicos implicados en la trama Gürtel, los partidos de la oposición le exigen que retire de forma inmediata a quienes resulten imputados después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana haya decidido investigar la presunta financiación ilegal del Partido Popular de la Comunidad.

La portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, incidió en la "confianza absoluta en la gestión y honorabilidad de los cargos públicos de la Generalitat aludidos en el auto". La consellera pidió que "se respete escrupulosamente la presunción de inocencia" y aseveró que "todas las actuaciones del Consell han sido fiscalizadas por la Sindicatura de Cuentas". En su opinión, el auto "únicamente reconoce la condición de aforado de determinadas personas" y confía en que el Poder Judicial "vele por el secreto de las actuaciones".

El PSPV considera que el auto, hecho público tres días después de las elecciones significa "la imputación de manera clara y evidente de la cúpula del PP y el Consell, con su vicepresidente primero, Vicente Rambla, a la cabeza". Así lo aseguró ayer el portavoz del grupo socialista en las Cortes, Ángel Luna, quien anunció que pedirá que la conocida como "causa de los trajes" se una a la investigación judicial de posible financiación ilegal porque cree que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha sido "partícipe de esa asociación de malhechores". De esta forma, solicitarán que todo sea investigado "en un mismo procedimiento, en el que desde luego está Camps".

En cuanto a la decisión del tribunal valenciano de no asumir la investigación de la adjudicación de los contratos relacionados con la visita del Papa a Valencia en 2006, los socialistas aseveran que no la comparten y "van a estudiarla". Al respecto, Luna subrayó que "siempre hemos pensado que en torno a la visita del Papa se habían producido supuestos de corrupción y que en ellos han participado destacados miembros del Consell y del PP". En opinión de Luna, el auto demuestra que tanto Camps como parte de su gobierno y el líder del PP, Mariano Rajoy, "han estado mintiendo de manera descarada al pueblo valenciano y tendrán que asumir responsabilidades penales y de carácter político de manera inmediata".

Desde Compromís, su portavoz Enric Morera, considera que el presidente del PP, Mariano Rajoy "también tendrá que sentarse algún día delante de un tribunal para dar cuentas", pues sostiene que "en Génova seguramente sabían todos los tejemanejes de la sucursal valenciana del PP". Para Morera esto supone un "claro desprestigio de las instituciones valencianas, cuyo único y exclusivo culpable es Camps, con la complicidad de todo su equipo y también de la cúpula del PP de Madrid". Morera recordó las palabras del dirigente popular Alfonso Rus, quien dijo que Camps aportó "la peseta para el duro que le faltaba a Rajoy" y afirmó que "si esa peseta es la falsedad mercantil de los comicios de 2008" Rajoy tendría que "dimitir hoy mismo".

Por su parte, la coordinadora de Esquerra Unida, Marga Sanz, sostuvo que "es la enésima oportunidad para que el PP retire a todos los imputados que son ya cargos públicos y que han formado parte de sus listas electorales". Sanz propone que se depuren responsabilidades políticas "de inmediato, antes de que se constituyan las Cortes, las diputaciones y los ayuntamientos de la Comunidad.