Los promotores alicantinos aprobaron ayer durante la asamblea general ordinaria de la patronal Provia celebrada en Alicante solicitar al futuro responsable de la política urbanística del nuevo Consell la creación de la figura de la VPO autonómica. Un modelo de vivienda protegida que se construirá en Alicante, Valencia y Castellón y que gozaría de ayudas y condiciones diferentes a las reguladas actualmente por el plan estatal, vacío de contenido económico por la aplicación de las medidas de ajuste económico. La iniciativa partió de la Asociación Provincial de Promotores de Viviendas y se quiere consensuar ahora con las patronales de Valencia y Castellón.
La VPO autonómica sería una vivienda protegida con un precio pactado "ajustado a todos los bolsillos", según apuntó ayer Jesualdo Ros, secretario general de Provia, y con unas características específicas, tanto desde el punto de vista de sus dimensiones, configuración y ubicación. "Se trata sobre todo de consensuar con la Administración un producto que sea competitivo y esquive todas la trabas que hay que superar ahora para la construcción, venta y compra de una vivienda protegida", subrayó Ros, quien se mostró partidario de cada promotor pueda negociar, por ejemplo, el crédito con la entidad financiera que crea oportuno y facilitar, a su vez, que el comprador se subrogue con la caja o el banco elegido. La patronal está convencida que la medida será beneficiosa para impulsar la construcción de pisos y facilitar el acceso a una vivienda a potenciales compradores.
Los sectores y áreas más afectados por los recortes del Gobierno central en 2010 fueron los de la construcción y adquisición de nuevas viviendas protegidas, creación de áreas de suelo para pisos de protección pública, adquisición de vivienda ya existente (segunda mano) procedente del "stock" sin salida y recorte de la atención al ciudadano por ventanillas únicas. Según la Conselleria de Vivienda, los promotores que habían centrado sus esfuerzos en la construcción de pisos de alquiler vieron frustradas sus expectativas por la rebaja del 40% de las ayudas, que puso en riesgo estas promociones y el consiguiente nuevo freno al sector de la construcción.
Además, las medidas se aprobaron con un plan estatal en plena ejecución, por lo que se creó una situación de incertidumbre para todos aquellos promotores que estaban en pleno proceso constructivo y sobre todo para aquellos que tenían pensado iniciar nuevas promociones protegidas.
Los compradores de una VPO en la Comunidad Valenciana se beneficiaban de una ayuda estatal de hasta 10.000 euros que ayudaba, por ejemplo, a amueblar el piso. La supresión de las ayudas a la vivienda protegida a mediados del año pasado provocó la pérdida de 8.000 empleos, que 2.630 familias se quedaran si una subvención y la pérdida de una inversión directa de 276 millones de euros. En el conjunto de la Comunidad Valenciana, las cuentas que hicieron en su día los promotores elevaron el número de desempleados por la medida a un total de 15.000 personas y un desinversión de 510 millones.
Blanco reparte culpas
Por otro lado, el ministro de Fomento, José Blanco, aseguró ayer que las reclamaciones de los británicos que perdieron sus ahorros tras comprar sobre plano propiedades en España que nunca se construyeron corresponden a ventas y promociones realizadas "cuando el PP estaba en el Gobierno". En una respuesta al senador José Manuel García Ballestero, Blanco señaló que el "exceso" de vivienda vacacional se concentra "sobre todo" en Murcia y la Comunidad Valenciana. También destacó que el excedente de viviendas "pesa de forma excesiva" sobre el sector financiero español", lo que hace que no pueda fluir el crédito para nuevas promociones inmobiliarias, ni tampoco para empresas o familias.
