Si quería cobrar del Ayuntamiento, tenía que pagar una comisión de 11.500 euros y por ese motivo denunció los hechos. Ésta es la versión que ayer mantuvo ante la juez el denunciante del llamado "caso de los telecentros", en el que están imputados el todavía edil Kiko Sánchez Luna y su hermano, por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

José Antonio García, que había sido citado ayer en calidad de testigo, señaló que se había hecho cargo recientemente de la empresa de su hijo y que desconocía los acuerdos a los que había llegado éste con sus socios. En este línea, reiteró que no sabe nada de Sánchez Luna y que nunca habló con él. El concejal se ha encargado del área de Modernización de Estructuras durante el pasado mandato y abandonará la corporación cuando tome posesión la nueva, ya que no iba incluido en las listas de las elecciones municipales del domingo.

Los telecentros son los espacios ubicados en varios barrios para garantizar el acceso a internet y las nuevas tecnologías a los vecinos. La denuncia parte de una de las empresas a la que se había adjudicado la ejecución de estos trabajos.

García ya declaró en su día ante la Fiscalía Anticorrupción y ante el juez, pero todavía no había podido ser interrogado por el resto de los abogados, ya que en esos momentos la causa todavía estaba declarada secreta. Los interrogatorios de las defensas iban encaminados a tratar de demostrar que el denunciante conocía más del día a día de la empresa de lo que decía y que los impagos del Ayuntamiento se debieron a que los trabajos no estaban acabados. El testigo reiteró que no conocía nada del día a día de la empresa, ni de los acuerdos previos y que denunció los hechos porque lo que encontró le pareció "raro".

El responsable de la mercantil Rótulos CTM denunció que la empresa Sistemas de Datos Uneo, era la que le reclamaba el pago de 11.500 euros si quería cobrar del Ayuntamiento. García declaró ayer que los tratos los tuvo con Juan Carlos Eslava, gerente de esta segunda mercantil y también imputado. Se da la circunstancia de que Sánchez Luna figuraba como apoderado de la mercantil Uneo (cesó en abril de 2009) y su hermano, como administrador único hasta septiembre de ese año. Los acuerdos firmados entre las mercantiles obligaban a pagar a Uneo 11.500 euros por los trabajos realizados. García señaló que consideró raros estos acuerdos motivo por el que acabó presentando la denuncia en Anticorrupción.