La investigación judicial y policial de la llamada 'Operación Brugal' se ha dejado sentir de forma muy desigual en los resultados electorales de algunos de los municipios afectados, especialmente en Orihuela, donde el PP, con la hasta ahora alcaldesa Mónica Lorente, ha perdido la mayoría absoluta.

La operación Brugal y sus diferentes ramificaciones afectan a los municipios de Alicante, Orihuela, Calpe, Albatera, Algorfa, Bigastro, Callosa del Segura, Jacarilla y Rafal, principalmente.

En Alicante, donde se investiga la ramificación relativa al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aún bajo secreto de sumario, el PP no sólo ha revalidado su mayoría absoluta, sino que ha ganado tres concejales. Por el contrario, el PSOE ha perdido seis y han entrado EU --personada en la investigación de la trama-- y UPyD.

En Orihuela, principal epicentro de la presunta trama, se investigan las ramificaciones relativas a la adjudicación de la contrata de basuras y del Plan Zonal, es decir, la planta de gestión de residuos. En este municipio, el PP, que gobernaba con mayoría absoluta y con 14 concejales, ha perdido dos.

El Centro Liberal Reformador, que obtuvo un edil las pasadas elecciones, ha llegado a cuatro al coaligarse con el partido de la costa, CLARO. De hecho, la pérdida de concejales del PP podría estar relacionada con la obtención de representación de este último partido, que aúna a electores de la costa oriolana, donde además también hay muchos extranjeros.

En Calpe, donde se investiga una subtrama relacionada con el pesaje de la basura y los sobrecostes del servicio de la empresa de Ángel Fenoll --principal investigado en la trama-- el PP ha ganado con 10 concejales, con el candidato renovado César Sánchez, pero no obtiene mayoría absoluta.

La situación de Calpe es compleja. Este último mandato gobernaba el PSOE con el apoyo del PSD, pero uno de los ediles apoyó una moción de censura con uno de los ediles del Bloc --la otra concejal quedó en la oposición-- y el PP, que desbancó a los socialistas de la alcaldía, pero que dejó a Ximo Tur (Bloc) como primer edil.

Las diferencias entre el todavía alcalde y algunos miembros del PP, entre ellos el exalcalde, Juan Morató, principal investigado en la operación, hicieron que los relevara de sus cargos. Posteriormente, la incorporación de César Sánchez, afín a la dirección regional, causó una escisión, ya que Morrató se presenetó a las elecciones como APPC y ha obtenido tres concejales.

La gobernabilidad podría tener varias vertientes porque además de APPC hay dos partidos independientes más, el Bloc, que había conseguido dos concejales, y que había gobernado con Ximo Tur, se ha quedado sin representación.

VEGA BAJA

En Albatera, donde el edil Javier Bru, del PP, también es uno de los supuestos colaboradores principales de Fenoll, el PSOE ha perdido cuatro concejales, el PP ha sumado uno y Coalición Valenciana otros dos.

En Algorfa, donde se investiga presunta financiación irregular al alcalde del PP, los 'populares' se mantienen en siete concejales, el PSOE gana dos y Algorfa Independiente, con un concejal en 2007, no ha obtenido representación.

Por su parte, en Bigastro, el PP pasa de doce a seis ediles, el PSOE ha obtenido cinco y Unión Popular Liberal y Centrista, 2. En Callosa del Segura, donde el alcalde Pérez Trigueros está imputado por cohecho, el PP obtiene 12, uno menos que en 2007, el PSOE suma uno y pasa de tres a cuatro y EU se mantiene con uno.

Igualmente, en Jacarilla, donde también se investiga una presunta financiación irregular, el PP se mantiene con 5 concejales pero pierde la mayoría absoluta, con la entrada de Agrupación Democrática de Jacarilla, con dos, y de Gente de Jacarilla, con otros 2. El PSOE pasa de cuatro a dos concejales.

Finalmente, en Rafal, donde también se investigaba una presunta financiación irregular gana el PSOE, con seis ediles, uno más; el PP pierde uno y se queda en cinco.

OTROS CASOS

Además de la trama Brugal, en la provincia también hay otras investigaciones abiertas. En Polop, el exalcalde, del PP, Juan Cano, está imputado por ser el presunto cabecilla de una trama urbanística. También está imputado por el asesinato de su compañero de partido y antecesor en el cargo, Alejandro Ponsoda, quien fue abatido a tiros en la puerta de su casa.

El móvil urbanístico está presente en esta investigación, que ha conllevado el ingreso en prisión provisional de Cano, que sin embargo está ahora en libertad y todavía mantiene el acta de concejal, aunque fuera del PP.

Aunque ha habido un cambio en la candidatura del PP, la lista más votada ha sido la socialista y dos partidos independientes han obtenido dos concejales cada uno. Los populares han pasado a tener tres ediles.

En Ibi, donde dos ediles populares, uno imputado por malversación y otro por cohecho, han dimitido durante este mandato, el PP ha perdido la mayoría absoluta, ya que dispone de 10 concejales, mientras que PSOE tiene seis, EU dos y dos independientes suman tres. El gobierno municipal por lo tanto aún está abierto.

En San Fulgencio, donde hay ediles socialistas encausados y la alcaldesa llegó a estar imputada, el PP ha ganado, aunque sin mayoría absoluta.

Otro municipio relacionado con presuntas irregularidades urbanísticas, Llíber, donde gobernaba el PSOE desde 2003, ha ganado el PP con cinco concejales, frente a los cuatro socialistas, pese a que los investigados en la trama pertenecían al PP.

En este municipio se construían viviendas en terrenos calificados como no urbanizables y en parcelas que carecían de las dimensiones legales suficientes para poder llevarse a cabo. La trama urbanística habría llegado a construir unas 300 viviendas. Para la concesión de la licencia de construcción, el instituto armado ha apuntado que había que entregar siempre por adelantado, en efectivo y sobre cerrado una importante suma de dinero para hacerla llegar supuestamente al arquitecto técnico municipal de Llíber. El valor de las estafas podría alcanzar los 90.000.000 euros.

Finalmente, en Redován, la alcaldesa socialista, Leticia Bas, denunció irregularidades en la concesión del servicio del agua municipal, gestionado por un concejal de su propio equipo. El juez indaga una supuesta falsificación, en la que está imputado el concejal socialista, José Manuel Cartagena.

En estos comicios, el PSOE, que tenía seis, se ha quedado con cuatro, y el PP pasa de seis a nueve, y EU, que había gobernado con los socialistas, se queda sin representación.