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El Consell privatiza la gestión de los hospitales y dispara su deuda con los proveedores sanitarios

Alicante no tendrá de momento un tercer hospital, pese a que era una promesa electoral en 2007

 01:40  
Camps, durante la inauguración del nuevo hospital del Vinalopó, el pasado verano.
Camps, durante la inauguración del nuevo hospital del Vinalopó, el pasado verano.  DIEGO FOTógrafos

p. alberola alicante Se quedó en una promesa electoral sin cumplir. La ciudad de Alicante no ha visto materializada durante la última legislatura la propuesta de crear un tercer hospital, pese a que era uno de los pilares del Gobierno Valenciano en materia sanitaria. Un proyecto que, finalmente, la crisis económica ha terminado por sacar de las propuestas electorales para los próximos cuatro años. Todo en un año en el que el Hospital de Sant Joan cumple su 20 aniversario sin posibilidades físicas de crecer y con el doble de pacientes adscritos que cuando abrió sus puertas en 1991. En la misma línea, esta es la tercera legislatura en la que se contempla la construcción del segundo hospital de Benidorm.

Hospitales en Elche y Dénia
En el resto de la provincia, durante los últimos cuatro años se han inaugurado dos centros hospitalarios, en Elche y en Dénia. Con ellos se consolida el nuevo modelo de gestión por el que ha apostado la Generalitat en los últimos años: hospitales públicos pero gestionados por empresas privadas. El llamado "modelo Alzira", porque fue el centro sanitario de esta ciudad valenciana el que estrenó esta modalidad de gestión, ha despertado las dudas y críticas entre profesionales médicos, sindicatos y oposición.
Y es que, la Conselleria de Sanidad desembolsa cada año 260 millones como mínimo por la gestión de los tres hospitales concertados que hay en la provincia (Elche, Dénia y Torrevieja). La Conselleria paga a estas empresas 500 euros por cada paciente adscrito y un "extra" por aquellos enfermos atendidos que pertenecen a otros centros sanitarios. En los últimos años, desde la oposición y los sindicatos se ha solicitado, sin conseguirlo, a la Generalitat que haga públicos todos los datos que justifican la adopción de este nuevo modelo, bendecido por la administración autonómica y que promete convertirse en el referente para los próximos hospitales que se construyan en la Comunidad.
Lo que ha cambiado poco en estos cuatro años de legislatura ha sido el Plan de Choque, que en 2011 ha cumplido 15 años. Lo que arrancó como una medida provisional para aligerar las listas de espera derivando pacientes a las clínicas privadas se la llevado ya 103 millones en la provincia de Alicante, donde se ha operado a 146.000 enfermos. Este desembolso económico no ha hecho sin embargo que se reduzca la lista de espera, que en algunas especialidades alcanza el año de demora.
En cuanto a los centros de salud, en la ciudad de Alicante se siguen esperando dotaciones, como las de Benalúa o Condomina, imprescindibles para desmasificar los centros de salud.
Recientemente, y a la espera de que llegue el dinero para levantar estos centros de salud, se ha optado por abrir consultorios médicos para la descongestión de pacientes en aquellos centros de primaria más saturados. La primera instalación de estas características abrió el pasado martes en la calle Olimpo, en la zona de la Albufereta. Le seguirá la semana que viene el consultorio ubicado en el barrio del Garbinet.

Deuda con los proveedores
El gran caballo de batalla para Conselleria en las últimas semanas está siendo la deuda que mantiene con los proveedores de material sanitario, a quienes adeuda 1.300 millones de euros. Una representación de estas empresas se ha unido en una plataforma para exigir a Sanidad que abone las facturas pendientes, en algunos casos desde 2008, y amenazan con cortar el suministro a los hospitales. Estas empresas agrupan a cerca de 800 trabajadores que podrían perder sus empleos, ya que, aseguran, muchas de ellas se encuentran al borde de la quiebra por los impagos de la Generalitat. Hasta el momento, la plataforma ha mantenido diferentes reuniones con la Generalitat, que ha elaborado un plan de pagos. Sin embargo, los proveedores denuncian que ninguna empresa ha cobrado el dinero pendiente.

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