La fiscal pide seis años de cárcel a 10 acusados por el mayor fraude a un banco en la venta de pisos

En la trama están implicados cuatro directores de sucursales, una inmobiliaria y una sociedad de tasación por usar a toxicómanos para firmar hipotecas por inmuebles sobrevalorados

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Uno de los pisos de este edificio se valoró en 95.000 euros.
Uno de los pisos de este edificio se valoró en 95.000 euros. A. I,

JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ Cuatro directores de sucursales bancarias, tres socios de una inmobiliaria y tres tasadores de viviendas se sentarán en el banquillo de los acusados por uno de los mayores fraudes hipotecarios de la provincia. Cada uno de ellos se enfrenta una pena de seis años de prisión en un supuesto fraude en el que el principal perjudicado es el Banco de Santander. La Fiscalía les acusa de haber utilizado a toxicómanos y personas sin recursos para lucrarse con la sobretasación de casas y créditos, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso este diario. La cuantía del fraude supera los siete millones de euros y hay un total de 164 operaciones de crédito bajo sospecha y por las que se ha presentado acusación.
El ministerio público sostiene que todos ellos actuaron en connivencia para lucrarse a costa del banco. Desde la inmobiliaria, se encargaban de captar a personas indigentes, a toxicómanos o con problemas psíquicos para que firmaran en una notaría contratos de préstamos hipotecarios. Para avalar la operación se presentaban documentos de nóminas, declaraciones del IRPF y documentos de solvencia que, según el fiscal, no se correspondían con la realidad.
Los directores de las sucursales eran los que daban el visto bueno a estas operaciones, mientras que los tasadores valoraban los inmuebles a unos precios muy superiores a los que tenían en el mercado. Uno de los casos más extremos fue el un piso en estado casi ruinoso en Cocentaina, cuya valoración era de 12.000 euros, para la que se concedió un crédito de hasta 96.000 euros.
En ocasiones, los toxicómanos llegaron a recibir dinero por prestarse a firmar estas hipotecas. En algunos casos se pagaron 400 y hasta 600 eur0s a las personas que firmaban estos créditos y que eran captados con la promesa de conseguir dinero en poco tiempo y sin preocuparse por las posibles repercusiones legales. Para quienes sí tenían nómina, el dinero ofrecido era de 1.200 euros.
Según la Fiscalía, "el banco concedía todos estos créditos ignorante de lo que ocurría y en la creencia de que los préstamos aprobados se correspondían con los inmuebles y de que los compradores tenían solvencia para afrontar el pago de los mismos". El dinero que aportaba la entidad pasaba a engrosar el patrimonio de la inmobiliaria y ésta luego lo repartía entre todos los implicados, argumenta el escrito de acusación.
Los créditos supuestamente irregulares empezaron a concederse durante el añ0 2001, en pleno "boom" inmobiliario. El banco detectó los hechos un año más tarde. La entidad está personada en el proceso como acusación particular y para recuperar del dinero ha procedido a ejecutar estas hipotecas supuestamente irregulares. La entidad financiera tiene los pisos, pero el problema es que éstos se han devaluado como consecuencia de la crisis, a lo que se añade que los inmuebles fueron tasados por un valor muy superior al real.
La investigación la ha llevado el juzgado de Instrucción número uno de Alicante, el mismo que se ha encargado de la instrucción de Mercalicante. El volumen de estas dos causas dejó a este órgano en su día al borde del colapso y fue necesario que el Consejo General del Poder Judicial aprobara un juez de refuerzo.
En la investigación la que era titular del juzgado Cristina Costa llegó a imputar a cerca de 300 jóvenes, supuestamente toxicómanos, que habría utilizado el grupo para firmar las hipotecas. Todos ellos fueron interrogados, uno de los motivos que ha dilatado tanto en el tiempo esta instrucción judicial. Finalmente, ni la Fiscalía, ni la acusación particular han presentado acusación contra ellos por participar en las operaciones, aunque se llegaron a plantear el llevarles a todos al banquillo también. No todas estas hipotecas sospechosas formaron parte del supuesto fraude, ya que la instrucción determinó que se habían incluido en la denuncia los casos de personas que simplemente ya no podían hacer frente al crédito. Las acusaciones han denunciado 164 de estas operaciones, que han causado un perjuicio económico al banco valorado en más de siete millones de euros.
La fiscal pide seis años de cárcel para cada imputado, más una multa de 12 meses con una cuota diaria de seis euros, por un delito continuado de estafa. Asimismo se les pide que indemnicen al banco con el dinero perdido.
Tras más de diez años de investigación, el magistrado Gordiano Casas ha dictado la apertura de juicio oral y ahora la causa deberá ser remitida a la Audiencia Provincial. Se espera un juicio largo, ya que se ha pedido la declaración de hasta 182 testigos, en su mayoría las personas que firmaron estos créditos.

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